Cientos de miles de adultos mayores en México enfrentan una crisis silenciosa que atenta directamente contra sus derechos. Al acudir a notarías, bancos o dependencias públicas para hacer trámites básicos —como abrir una cuenta, firmar un testamento, cobrar una pensión o vender una propiedad—, se topan con sistemas biométricos que rechazan sus huellas dactilares por el desgaste natural de la piel por la edad o causado por ciertas enfermedades.