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Desde el 1 de julio de 2026, una nueva ley comenzó a cambiar la forma en que funcionan las relaciones entre las farmacias y las empresas que administran los beneficios de medicamentos en Florida, afectando tanto a los negocios de barrio como a las grandes cadenas que muchas familias hispanas visitan a diario para surtir sus recetas. En ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, donde es común que la gente vaya a uno de estos negocios locales después del trabajo, entre el tráfico de la I-95 o la US-1, o que aproveche el fin de semana para recoger medicinas de adultos mayores, niños y personas con condiciones crónicas, estas reglas pueden marcar la diferencia en la estabilidad de las farmacias independientes y en la experiencia de los pacientes cuando van a buscar un tratamiento.
Aunque puede parecer un tema técnico, la realidad es que detrás de cada cambio legal hay historias concretas: la farmacia que no puede sostener sus costos, el paciente que no encuentra su medicamento a tiempo o la familia que depende de un programa estatal para acceder a medicamentos de alto costo.
Si alguna vez has escuchado que una farmacia pierde dinero al vender determinados medicamentos o que existen diferencias en los reembolsos según quién administre el plan farmacéutico, esta legislación busca atender precisamente ese tipo de situaciones. Se trata de la HB 697, una norma firmada por el gobernador Ron DeSantis que ya está en vigor y que introduce nuevas obligaciones para los Pharmacy Benefit Managers (PBM), además de incluir medidas relacionadas con el programa estatal de medicamentos para personas con VIH/SIDA.
