Noticia Exclusivo suscriptores Los 68 hechos reportados duplicaron los del mismo periodo de 2025, según la Defensoría. Preocupan cifras de desplazamientos y líderes asesinados.Masacre. Foto: Cortesía El Colombiano.PERIODISTA JUDICIAL25.07.2026 08:42 Actualizado: 25.07.2026 08:42
En la madrugada del pasado 17 de julio, un grupo de hombres armados llegaron hasta la comunidad indígena Saracure Río Cara, en Cumaribo, a incendiar las viviendas de la zona. Producto de ese violento ataque murieron tres personas y otras más quedaron heridas. El hecho, que consternó a los habitantes de Vichada, refleja la difícil situación de orden público por la que pasa el país.El más reciente balance de la Defensoría del Pueblo precisamente da cuenta de ello. El organismo documenta que en el primer semestre de este año se cometieron 68 masacres, un promedio de 11 al mes, un dato que duplica las 34 reportadas para el mismo periodo de 2025.Los distintos episodios que han enlutado al país ocurrieron en medio del fin de la fracasada ‘paz total’, con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro sentó las bases para abrir diálogos con distintos grupos armados ilegales. Durante las negociaciones del último cuatrienio, de acuerdo con reportes de diferentes entidades, grupos como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc expandieron su poder criminal, en lugar de verse reducido.Masacre en Soledad. Foto:Redes sociales.Ese incremento se sintió de manera violenta en el país con masacres, asesinatos de líderes sociales, atentados, homicidios de firmantes de la paz con las antiguas Farc, desplazamientos forzados y secuestros. Gran parte de estos delitos ha sido documentada por la Defensoría que, al mando de Iris Marín Ortiz, ayer alertó que la grave situación es un síntoma de que persisten las barreras para trabajar en la protección de los derechos humanos en distintas regiones.Las 68 masacres entre enero y junio ubican al primer semestre de este año como uno de los más violentos de la última década. El mes con más ataques fue marzo, cuando se presentaron 14, seguido de enero y abril con 13 cada uno. En total, los ataques dejaron 272 víctimas mortales.Luto por asesinato de líder social. Foto:CEETLas cifras de la Defensoría contrastan con las del Ministerio de Defensa, que para el mismo periodo contabilizó 59 casos, 19 más que en 2025. La última masacre que documentó la cartera manejada por el general (r) Pedro Sánchez ocurrió durante la madrugada del 28 de junio en el barrio Los Olivos I, en Barranquilla, Atlántico. Según la información divulgada por Indepaz, varios hombres armados ingresaron a una vivienda donde se realizaba un cumpleaños y, al salir, dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.Allí fueron asesinados Luis Carlos Gamero, Neis Enrique Ferrer, Nelbys Rafael Barrios y Johan Andrés Riaño. Precisamente, según la Defensoría para Barranquilla se mantiene la Alerta Temprana de 2025 en la que se advierte sobre el riesgo para la población por la guerra a muerte que libran distintas bandas.Sobre la diferencia en las cifras, que suele presentarse al medir otros delitos y en otras entidades, Jorge Andrés Rico, analista y consultor en seguridad y conflicto armado, manifestó que “como pasa en muchos gobiernos, se interpretan y con eso pueden querer demostrar que el problema no es tan grande. Eso va más en la vía de respuesta política”.Asesinatos y otros delitosEn su balance semestral, la entidad también hizo referencia al alto número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y de firmantes de paz. Para los primeros se contabilizaron 78 casos, una cifra que bajó frente a los 89 del mismo lapso del año pasado, pero que sigue siendo alarmante. El mes más violento fue abril, con 18 homicidios (ver gráfico).De esos 78 asesinatos, que según el balance dan cuenta de la violencia y estigmatización a la que están expuestos estos liderazgos regionales, la mayoría de las víctimas (61) eran hombres.La situación para los firmantes de paz también preocupa. Aunque el número no es tan alto como el de líderes sociales, la Defensoría advirtió que entre enero y junio se registraron cuatro homicidios, 21 menos que en igual lapso del 2025. Dos fueron cometidos en febrero, uno en marzo y otro en junio.Iris Marín Ortiz, defensora. Foto:ArchivoAl desplazamiento forzado, la entidad que vela por el cumplimiento de los derechos humanos también le hizo seguimiento: hubo 83 eventos que dejaron 15.960 víctimas. Además, se reportaron 44 confinamientos que llevaron a que 64.787 personas tuvieran problemas para movilizarse por sus territorios.“Solamente en junio, la entidad documentó 12 eventos de desplazamiento, con 2.742 personas afectadas, y seis eventos de confinamiento que impactaron a 3.190 personas. El informe también señala que la persistencia de estas dinámicas agrava la situación de vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes”, se lee.Los retos en seguridadLas cifras en rojo de masacres y asesinatos de líderes sociales que deja el gobierno Petro representan un desafío para la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que designó al general (r) Jorge Mora López como su ministro de Defensa, y al abogado Iván Cancino como jefe de la cartera de Justicia. La intención de De La Espriella es acabar con la ‘paz total’ y los beneficios para delincuentes, fortalecer la Fuerza Pública y atacar por todas las vías a los criminales, para reducir los delitos que afectan a las poblaciones urbanas y rurales.Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto:Archivo EL TIEMPOPara Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el anuncio del mandatario electo de terminar con las gabelas concedidas a grupos ilegales en la ‘paz total’ “puede tener un efecto inmediato de aumento de la violencia, pues lleva a que los grupos tengan menos incentivos en detener acciones violentas contra otros grupos armados y puede exacerbar disputas entre ellos”. Y apunta que el alza reciente de los homicidios colectivos probablemente esté ligado a estas razones.Según el analista Jorge Andrés Rico, el gobierno entrante llega con muchos desafíos en seguridad. “Hoy tenemos una interacción que cada vez es más transnacional por la multicriminalidad. Hay que tener en cuenta que Colombia está en un conflicto armado interno que se ha atomizado, y los actores han crecido”, sostiene. Afirma que esa expansión criminal ha hecho que el Estado se debilite, por lo que considera importante que vuelva a brindarse atención institucional de forma integral. LEA TAMBIÉN “Hay que pensar en el modelo geopolítico del país, entendiendo que todo el corredor del Pacífico es importante, asimismo el Norte de Santander y la frontera con Venezuela y con Brasil. Todos los puntos estratégicos deben ser localizados en una acción integrada, en la que se identifiquen capacidades de los territorios. Estos grupos se expanden quizás porque la fórmula es genérica, y no funciona de esa forma”, resaltó Rico.Por su parte, Jorge Restrepo subrayó que la clave estará en hacer una transición ordenada de las negociaciones que existen con grupos ilegales. “Este reto no solo se refiere al cumplimiento o no de los acuerdos alcanzados por el gobierno saliente, sino también a la protección de las comunidades bajo la violencia de estos grupos”.Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
