El gobierno de Javier Milei cuenta con un problema de grandes proporciones con una empresa de origen israelí dedicada a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas. Se trata de Navitas Petroleum, con una actividad en el archipiélago que si bien fue cuestionada por la administración libertaria, no recibió nuevas condenas y el CEO de la firma sugirió que el jefe de Estado no ensayó ningún reparo por las operaciones en la zona. El tema saltó a la luz esta semana cuando incomodó de manera visible al vocero presidencial Adrian Ravier esta semana. El martes, en conferencia de prensa, el funcionario reconoció que no estaba enterado de la problemática. De hecho, balbuceó una respuesta escrita en una hoja sobre un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores. Y remató: “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería”. Lo que aparece en superficie es que la compañía es uno de los principales actores de la industria petrolera en las islas cuya soberanía es reclamada por Argentina. Un dato no menor: cuenta con el 65% de participación en el proyecto Sea Lion, uno de los mayores desarrollos offshore del Atlántico Sur, y mantiene vigente una sanción impuesta por el Estado argentino desde 2022, realizada por el gobierno de Alberto Fernández.