Todas y cada una de las afirmaciones sobre el carácter autoritario del nuevo grupo en el poder y sus proyectos se confirman una vez más con la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. En este caso, se trata del uso de la ley y del aparato de justicia contra una figura de la oposición. A esto se le llama “lawfare”: el uso estratégico o instrumental del derecho y de las instituciones judiciales para obtener ventajas políticas, militares o económicas, mediante procedimientos que conservan una apariencia de legalidad, pero cuya finalidad principal no es la aplicación imparcial de la justicia.Nadie puede llamarse a engaño. Las denuncias en la opinión pública o en el sistema judicial contra autoridades señaladas por organizarse para el tráfico ilegal de combustibles o por colusión con otras modalidades del crimen organizado o de la corrupción, como los casos del exsecretario de Marina y sus protegidos, del gobernador de Sinaloa, de la gobernadora de Baja California, de SEGALMEX, de SENER, de Diconsa y de Liconsa, de los hijos del expresidente López y del mismo expresidente. Acusaciones han llovido en la prensa, en filtraciones provenientes del partido en el poder, en libros y hasta en denuncias formales, sin que se haya visto la aplicación imparcial de la justicia. La tristemente célebre autonomía de las fiscalías es una broma digna de las más tenebrosas historias de corrupción del poder. El único que la controla es el Ejecutivo; no rinde cuentas ni ante la legislatura ni ante el Poder Judicial, y las promesas de reformar los ministerios públicos han sido incumplidas o traicionadas una y otra vez. A ningún gobierno le ha convenido desprenderse del control del instrumento de persecución con el que cuenta la “justicia”. Ese es otro de los ya perdidos resultados “a medias” que nos dio la transición democrática: nunca se quiso limpiar las cloacas de la procuración de justicia ni hacerla realmente autónoma.Con independencia de los méritos del caso Ruffo, no se puede afirmar que la justificación de la medida sea creíble. Después de liquidar los órganos autónomos de regulación y rendición de cuentas, la sociedad no dispone de ninguna otra herramienta para conocer la verdad más que la exigencia desde la voz y la calle. La CNDH de Piedra dio recientemente una muestra más de infamia al exonerar al Ejército en el caso de Ayotzinapa, y un etcétera que agrupa un universo innumerable de ofensas desde el poder, agravadas por su concentración absoluta en manos de la presidencia-partido. La visión de la justicia del grupo gobernante es una caricatura y daría de qué reír si no fuera por las consecuencias trágicas que conlleva. Repartir dinero en efectivo desde una caja con fondos finitos puede apaciguar por un tiempo a las clases medias bajas aspiracionistas que han visto interrumpido su progreso por el mal manejo neoliberal de la economía; un manejo digno de mentes subnormales, que se prolonga en la mismísima administración de sus detractores: austeridad máxima, desmantelamiento del Estado, sumado a la arbitrariedad impune. Cuando se agoten los fondos, sobreviene la quiebra, a menos que vendan la hacienda pública con deuda también pública. La Reforma Judicial del acordeón agrega al cuadro disposiciones como la de la jueza que ordenó aprehender a Ruffo y golpear a la oposición con ella. La fiscal oficia como sacerdotisa del festín bajo la complacida mirada de la Presidenta.Así la justicia como persecución. Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesuÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
La justicia como persecución, escribe Francisco Valdés Ugalde
Todas y cada una de las afirmaciones sobre el carácter autoritario del nuevo grupo en el poder y sus proyectos se confirman una vez más con la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. En este caso, se trata del uso de la ley y del aparato de justicia contra una figura de la oposición. A esto se le llama “lawfare”: el uso estratégico o instrumental del derecho y de las instituciones judiciales para obtener ventajas políticas, militares o económicas, mediante procedimientos que conservan una apariencia de legalidad, pero cuya finalidad principal no es la aplicación imparcial de la justicia.Nadie puede llamarse a engaño. Las denuncias en la opinión pública o en el sistema judicial contra autoridades señaladas por organizarse para el tráfico ilegal de combustibles o por colusión con otras modalidades del crimen organizado o de la corrupción, como los casos del exsecretario de Marina y sus protegidos, del gobernador de Sinaloa, de la gobernadora de Baja California, de SEGALMEX, de SENER, de Diconsa y de Liconsa, de los hijos del expresidente López y del mismo expresidente. Acusaciones han llovido en la prensa, en filtraciones provenientes del partido en el poder, en libros y hasta en denuncias formales, sin que se haya visto la aplicación imparcial de la justicia. La tristemente célebre autonomía de las fiscalías es una broma digna de las más tenebrosas historias de corrupción del poder. El único que la controla es el Ejecutivo; no rinde cuentas ni ante la legislatura ni ante el Poder Judicial, y las promesas de reformar los ministerios públicos han sido incumplidas o traicionadas una y otra vez. A ningún gobierno le ha convenido desprenderse del control del instrumento de persecución con el que cuenta la “justicia”. Ese es otro de los ya perdidos resultados “a medias” que nos dio la transición democrática: nunca se quiso limpiar las cloacas de la procuración de justicia ni hacerla realmente autónoma.Con independencia de los méritos del caso Ruffo, no se puede afirmar que la justificación de la medida sea creíble. Después de liquidar los órganos autónomos de regulación y rendición de cuentas, la sociedad no dispone de ninguna otra herramienta para conocer la verdad más que la exigencia desde la voz y la calle. La CNDH de Piedra dio recientemente una muestra más de infamia al exonerar al Ejército en el caso de Ayotzinapa, y un etcétera que agrupa un universo innumerable de ofensas desde el poder, agravadas por su concentración absoluta en manos de la presidencia-partido. La visión de la justicia del grupo gobernante es una caricatura y daría de qué reír si no fuera por las consecuencias trágicas que conlleva. Repartir dinero en efectivo desde una caja con fondos finitos puede apaciguar por un tiempo a las clases medias bajas aspiracionistas que han visto interrumpido su progreso por el mal manejo neoliberal de la economía; un manejo digno de mentes subnormales, que se prolonga en la mismísima administración de sus detractores: austeridad máxima, desmantelamiento del Estado, sumado a la arbitrariedad impune. Cuando se agoten los fondos, sobreviene la quiebra, a menos que vendan la hacienda pública con deuda también pública. La Reforma Judicial del acordeón agrega al cuadro disposiciones como la de la jueza que ordenó aprehender a Ruffo y golpear a la oposición con ella. La fiscal oficia como sacerdotisa del festín bajo la complacida mirada de la Presidenta.Así la justicia como persecución. Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesuÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
