El PP ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire D�ez' que proh�ba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes Gonz�lez, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, "cualquier facultad de mando" sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras la causa siga investig�ndose.As� lo ha hecho a trav�s de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que incide en que ambos mandos de la Guardia Civil, imputados en la causa, mantienen "el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jer�rquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar".Los 'populares', que dirigen la acusaci�n popular unificada en la causa, interesan varias "medidas cautelares de protecci�n" para los agentes investigadores, empezando por "la prohibici�n de ejercer cualquier facultad de mando, direcci�n, supervisi�n, destino, evaluaci�n o r�gimen disciplinario sobre la UCO y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Econ�mica y Anticorrupci�n (DIECAN) y sus integrantes, atribuy�ndose tales facultades a un mando ajeno a la cadena de los investigados".Asimismo, abogan por que se impida a Gonz�lez y Llamas "incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento".Tambi�n interesan que no puedan acceder "a la documentaci�n, sistemas y expedientes relativos a la investigaci�n en curso, as� como la de comunicarse, directamente o a trav�s de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa".A la par que dejan en manos del juez instructor, Santiago Pedraz, que adopte "cuantas otras medidas que estime procedentes para asegurar la indemnidad de la investigaci�n, la integridad de las fuentes de prueba y la protecci�n de los agentes afectados".El PP recuerda que el juez imput� a Gonz�lez y Llamas por presuntos delitos de prevaricaci�n administrativa y contra la Administraci�n de Justicia por obstrucci�n, "consistentes en la instrumentalizaci�n del r�gimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE".Seg�n resalta, el bien jur�dico a proteger "no es s�lo el correcto funcionamiento de la Administraci�n, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administraci�n de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la direcci�n de los distintos �rganos judiciales, en procedimientos penales de la m�xima sensibilidad"."Constituye un hecho p�blico y notorio que, pese a su condici�n de investigados, tanto la directora general como el DAO contin�an al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisi�n administrativa alguna de cese o suspensi�n y sin que hayan presentado su dimisi�n", a�aden.Una situaci�n que, bajo su punto de vista, "resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos m�ximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO y sobre quienes conservan facultades de direcci�n, destino, evaluaci�n, r�gimen disciplinario y asignaci�n de medios".Tras subrayar que el juez "ya ha reconocido la necesidad de proteger a la UCO", la formaci�n menciona que "la existencia del riesgo no es una hip�tesis de esta parte, sino una realidad ya apreciada por el propio instructor, que orden� a la UCO mantener la debida cautela sobre la evoluci�n de la investigaci�n y no informar de sus avances a la c�pula del Cuerpo, precisamente para evitar que los detalles llegaran a los dos m�ximos responsables investigados".En nombre de la acusaci�n popular unificada, apunta que "tal cautela resulta insuficiente si los investigados conservan el resto de sus facultades sobre la unidad", por lo que considera necesario adoptar esas medidas cautelares, ya que "existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes", porque "los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen org�nicamente subordinados a los investigados", que ante el juez negaron haber presionado a esa unidad.Los 'populares' tambi�n han solicitado por segunda vez que se cite como investigado al ex director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, el antecesor de la actual directora, una petici�n que el juez Pedraz rechaz� en el primer intento al no apreciar indicios en su contra.En un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, insisten en que el ex jefe de la UCO Rafael Yuste desvel� ante agentes de esta misma unidad que recibi� presiones por parte de Marcos y de Llamas para "ponerse de perfil" en la investigaci�n a David S�nchez, el hermano del presidente del Gobierno.As�, remarcan que los hechos investigados "responden a una actuaci�n coordinada de la c�pula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la m�xima responsabilidad institucional"."La correlaci�n temporal entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el per�odo junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura", razonan.Por lo que, a ojos del PP, resulta "incoherente" que la investigaci�n se dirija formalmente "contra el 'n�mero dos' operativo --Llamas-- y la directora general --Gonz�lez-- y, sin embargo, no se llame al procedimiento a quien fue superior jer�rquico del primero y antecesor de la segunda, y a quien tanto Yuste como el propio Llamas sit�an como part�cipe activo en los hechos".De este modo, la acusaci�n popular unificada solicita al juez que cite como imputado a Marcos con el fin de determinar "su conocimiento y eventual autorizaci�n de las informaciones reservadas incoadas contra la UCO"; el alcance de las instrucciones transmitidas a los mandos de la Unidad para 'ponerse de perfil' o 'no ser proactivos' en causas de afectaci�n pol�tica".