España se encamina a un escenario inédito: la tarea de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado sin tener aprobados los objetivos de déficit y deuda para cada una de las administraciones públicas. Tras el segundo rechazo de ayer en el Congreso de los Diputados a la senda fiscal, el Gobierno planea aferrarse a la meta enviada a Bruselas y reclamar a las Comunidades Autónomas un mayor esfuerzo para cumplirla, si bien, los expertos consultados por elEconomista.es advierten que Hacienda no tendrá soporte legal para exigir a los territorios un déficit cero.El motivo es que el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo enviado a las instituciones europeas recoge un objetivo de déficit del 1,8% para 2027, no obstante, se trata de un compromiso global en el que no se pormenorizan los hitos a alcanzar por la Administración Central, las Comunidades Autónomas, los entes locales o la Seguridad Social, por lo que el Gobierno no contará con un documento en vigor que avale su amenaza de recortar el objetivo de déficit desde el 0,1% del PIB que se concedía en la senda de estabilidad rechazada a un 0%.
"Las Comunidades Autónomas se van a quedar sin un objetivo, ya que no habrá ninguno aprobado por el Congreso, que es lo que exige la ley y en ese escenario, no se cómo se lo iba a imponer, Hacienda no tiene fuerza legal para hacerlo" aprecia el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea, Diego Martínez López. "No puede aplicar unos objetivos de déficit que no existen. En estas condiciones, simplemente no hay senda, no hay objetivos de déficit vinculantes para las administraciones autonómicas y locales" coincide el economista e inspector de Hacienda, Francisco de la Torre.
