OpiniónCuando un Estado no administra justicia con el rigor que exigen los crímenes más atroces, la justicia termina cruzando las fronteras.23.07.2026 22:01 Actualizado: 23.07.2026 22:01 Europa está marcando un precedente histórico en la lucha contra la impunidad. Ante las limitaciones de la Corte Penal Internacional y la inexistencia de tribunales especiales para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria, el principio de jurisdicción universal se ha consolidado como uno de los instrumentos más eficaces del derecho internacional penal. Este principio ya había demostrado su alcance en casos emblemáticos como el de Augusto Pinochet, cuando en 1998 las autoridades judiciales españolas solicitaron su extradición desde el Reino Unido para responder por crímenes de lesa humanidad. En esencia, la jurisdicción universal permite investigar y juzgar delitos como el genocidio, la tortura, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, aun cuando hayan sido cometidos fuera del territorio del Estado que ejerce la jurisdicción. Alemania, Francia, Suecia, Austria, los Países Bajos, Bélgica y otros países europeos han recurrido a este mecanismo.La jurisdicción universal no sustituye la responsabilidad de los Estados. Por el contrario, el derecho internacional parte del principio de complementariedad, consagrado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, según el cual la obligación primaria de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes internacionales corresponde a las autoridades nacionales. Solo cuando un Estado no puede o no quiere cumplir genuinamente esa obligación, se activan mecanismos internacionales para evitar la impunidad.En los últimos años, este principio ha dejado de ser una construcción académica para convertirse en una herramienta efectiva contra la impunidad de altos funcionarios del régimen sirio. Dos decisiones ilustran ese avance. La primera fue la condena a cadena perpetua impuesta en Alemania, en 2022, contra Anwar Raslan, excoronel de la inteligencia siria, por dirigir un sistema de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. La segunda ocurrió este mes en Austria, con la condena de Jalal al Halabi, uno de los funcionarios de más alto rango del régimen de Bashar al Asad juzgados en Europa, por crímenes de lesa humanidad.La mejor garantía para las víctimas y para la comunidad internacional no son los discursos, sino decisiones judiciales capaces de demostrar que en Colombia nadie está por encima de la ley.Estos procesos han sido posibles gracias a una verdadera diplomacia judicial: la coordinación entre fiscalías europeas, el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM), creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para preservar, analizar y organizar las pruebas de los crímenes cometidos en Siria, y organismos como Eurojust, que han permitido compartir evidencia, identificar responsables y reconstruir las cadenas de mando del aparato represivo sirio. Sin esa cooperación internacional, buena parte de estos procesos jamás habría llegado a los tribunales.Recientemente tuve la oportunidad de participar, por invitación del fiscal nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo, en Palermo y posteriormente en el Parlamento Europeo, en Bruselas, para exponer precisamente sobre la importancia de la diplomacia judicial en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Durante mi intervención destaqué el papel que ha desempeñado la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) como un modelo exitoso de cooperación entre fiscalías, demostrando que el intercambio de información, la coordinación operativa y la confianza institucional son herramientas tan importantes como las propias leyes para enfrentar organizaciones criminales que hace tiempo dejaron de reconocer fronteras.Una justicia nacional fuerte, independiente y creíble constituye la primera línea de defensa de la soberanía. En ese contexto, una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuyas sanciones sean realmente efectivas, con restricciones reales y proporcionales a la gravedad de los crímenes, fortalece la legitimidad del Estado colombiano y reduce el riesgo de que otras jurisdicciones intervengan. La mejor garantía para las víctimas y para la comunidad internacional no son los discursos, sino decisiones judiciales capaces de demostrar que en Colombia nadie está por encima de la ley. Porque cuando un Estado no administra justicia con el rigor que exigen los crímenes más atroces, la justicia termina cruzando las fronteras.* Ex fiscal general de la Nación. Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU) Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. 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