En su denuncia elevada a la Comisión Europea se recoge que el “incumplimiento deliberado” de una sentencia del TJUE faculta exigir “la responsabilidad patrimonial del Estado”
La demora en el despliegue completo de la ley de amnistía puede acarrear un coste económico para las finanzas de España. Así lo sostiene Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y así lo plantea en la denuncia que ha elevado a la Comisión Europea para impugnar lo que califica de “argucia obstructiva impropia” por parte del Tribunal de Cuentas, con el fin de bloquear el perdón judicial a Puigdemont y a otros ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el expresidente Artur Mas, que fueron inculpados por los gastos del procés. El “incumplimiento deliberado” de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro “afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta”, recoge el escrito presentado por el letrado, y advierte que tiene a su favor la opción de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Fundamenta la pretensión en “la responsabilidad patrimonial del Estado” frente a los particulares “por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales”.
