El femicidio de Rocío Gómez (27), perpetrado por su expareja Maximiliano Baudraco en Santa María de Punilla, volvió a poner la lupa sobre el accionar del Poder Judicial y desató una nueva embestida política en la Legislatura cordobesa. Tras confirmarse que el agresor violaba de manera sistemática las condiciones de su condena condicional sin que la Justicia interviniera, la oposición unificó reclamos para exigir la destitución del magistrado interviniente y anticipó también que el planteo será acompañado por denuncias penales.
El legislador Gregorio Hernández Maqueda confirmó que ampliará el pedido de jury contra el juez de Ejecución Penal, Facundo Moyano Centeno, y presentará una denuncia penal en su contra, extendiendo la investigación al Patronato del Liberado, dependiente del Poder Ejecutivo provincial. A esta iniciativa se sumó formalmente la legisladora Nancy Almada (Frente Cívico), quien respaldó la presentación e incrementó la presión sobre el sistema de justicia.
La tragedia dejó al descubierto una cadena de alertas estatales ignoradas. Según señaló la directora del Patronato del Liberado, Patricia Corbalán, ese organismo remitió tres informes al Juzgado de Ejecución Penal N° 1, a cargo de Moyano Centeno, advirtiendo los incumplimientos de Baudraco. La expareja de la víctima tardó cuatro meses en presentarse por primera vez, nunca realizó las tareas comunitarias ni el tratamiento psicológico y jamás acreditó el cumplimiento de las restricciones. El último reporte de advertencia ingresó al juzgado el pasado 20 de julio, horas antes del crimen.
