La Comisión Europea ha respondido este miércoles en un breve comunicado a la situación con la denuncia de Carles Puigdemont contra España por no aplicar la ley de amnistía. "Las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir", matiza el Ejecutivo comunitario, que deja la respuesta en manos de los tribunales nacionales. "La Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto", añade el texto, firmado por el comisario de Justicia, Michael McGrath.El expresidente catalán y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea para denunciar que el Gobierno no aplique ya la normativa, apoyándose precisamente en la decisión de la justicia comunitaria."Dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros", los tres, a través del abogado Gonzalo Boye, han pedido a Bruselas que actúe sobre España. Por lo pronto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó el pasado jueves la ley de amnistía, siguiendo los puntos que había marcado en noviembre el abogado general de la UE. La justicia europea asegura que la ley "no se opone" a la normativa comunitaria; además, añade que no va en contra de los intereses financieros de la Unión ni de la directiva antiterrorista, en referencia a los actos de los CDR en aquellos momentos.Para empezar, la denuncia se apoya en el incumplimiento, dicen, del artículo 4 de los Tratados de la UE, referente a la cooperación leal entre instituciones: de este modo, Puigdemont y los exconsellers ponen el foco en el hecho, alegan, de que el Tribunal de Cuentas español estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de lo recogido por el TJUE en su sentencia del pasado miércoles y por tanto "los objetivos" de la Unión. "El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", se especifica en la denuncia.Y es que este lunes el propio Tribunal de Cuentas ha pedido a las acusaciones y a las defensas que presenten sus alegaciones sobre la causa y que aporten documentación relativa al origen de los fondos investigados antes de resolver si les aplica la amnistía. Mientras tanto, indicó el tribunal en un comunicado, el procedimiento por los gastos vinculados al procés seguirá su curso conforme a la legalidad, una vez las partes se pronuncien, tras el aval del TJUE a la aplicación de la amnistía en los delitos de malversación. Para ello, el órgano judicial ha fijado un plazo de diez días para la presentación de las correspondientes alegaciones.La denuncia tiene más recorrido desde el punto de vista político que en sentido práctico. Si Bruselas admite la denuncia podrá solicitar información específica al Gobierno, apoyándose en la sentencia del TJUE que, eso sí, en ningún momento entra en la celeridad que haya o no sobre la aplicación de la ley de amnistía -la justicia europea solo se pronuncia sobre si existe vulneración o no del derecho comunitario-. Bien es cierto que en el escrito, los implicados reclaman que la posición del Tribunal de Cuentas va en contra de la estructura 'constitucional' de la UE.Si la Comisión considera que no hay vulneración del derecho de la Unión, archivará la denuncia. En el caso más extremo, podría abrir un procedimiento de infracción contra España si aprecia un incumplimiento sistemático del Derecho europeo. Ahora bien, este último paso suele reservarse para casos en los que la Comisión entiende que existe una vulneración clara y persistente del Derecho de la UE por parte de un Estado miembro. No es un mecanismo pensado para revisar una decisión judicial concreta, sino para corregir incumplimientos estatales de carácter general.Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos insisten precisamente en el escaso recorrido de la denuncia es escaso por varios motivos: el TJUE deja en manos de los tribunales nacionales la resolución de cada caso individual entre los afectados por la ley de amnistía, y además recuerdan que la Comisión, en general, no entra en este tipo de asuntos si hay todavía recursos pendientes a nivel nacional, como es el caso.