De un lado, una pequeña comunidad rural de Texas. Del otro, la administración del presidente Donald Trump.Un diminuto pueblo texano ubicado en la frontera con México busca frenar los planes del gobierno federal para construir un tramo del muro fronterizo sobre un sistema de diques que protege a la comunidad. En una audiencia celebrada el martes ante un tribunal federal, sus representantes argumentaron que la obra podría aumentar el riesgo de inundaciones y que el gobierno no está cumpliendo con la legislación vigente al acelerar el proyecto.El caso llega mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa su plan de 46.000 millones de dólares para completar un muro continuo desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, una de las principales promesas políticas del presidente Donald Trump.Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia de propietarios de tierras, organizaciones ambientalistas, tribus indígenas y otros grupos, que sostienen que la construcción acelerada pone en riesgo sitios históricos y religiosos, además del modo de vida de las comunidades fronterizas. Todo ello ocurre en un contexto en el que los cruces irregulares desde México se encuentran en niveles históricamente bajos.Un enfrentamiento entre un pueblo y el gobierno federalLa demanda fue presentada por el distrito de desarrollo de Presidio, una localidad de poco más de 3.200 habitantes, contra el Departamento de Seguridad Nacional.El caso refleja el conflicto entre un pequeño municipio y una de las agencias federales más importantes para la estrategia migratoria de la administración Trump, además de reavivar el histórico debate sobre los límites entre la autoridad del gobierno federal y la autonomía de las comunidades locales.Los abogados del distrito sostienen que el proyecto podría comprometer el sistema de diques que protege a Presidio frente a las inundaciones repentinas, un fenómeno frecuente en Texas. También afirman que el gobierno ignoró una ley federal que exige obtener autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de esas estructuras.Por su parte, el gobierno argumentó que todavía no existe un diseño definitivo del muro ni una decisión final sobre su ubicación exacta. Además, sostiene que la administración tiene facultades para dejar sin efecto numerosas regulaciones con el fin de acelerar la construcción y avanzar hacia su objetivo de reducir a cero los cruces irregulares en la frontera.La preocupación por los diques del Río GrandeEl principal temor de la comunidad está relacionado con una serie de terraplenes y diques construidos durante las décadas de 1970 y 1980 a lo largo del Río Grande y sus afluentes para prevenir inundaciones.Según documentos judiciales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) planea reemplazar el talud de tierra del dique existente por un muro de hormigón con paneles de acero de unos nueve metros de altura instalados encima.El distrito de desarrollo aseguró que solicitó información técnica adicional a la agencia, pero que esta respondió que los detalles no podían divulgarse por motivos de seguridad nacional."Desafortunadamente, existe un largo historial de construcciones de la CBP que han provocado o incrementado el riesgo de inundaciones", afirmó Laura Bakst, abogada de Democracy Forward, organización que representa a Presidio en la demanda.Durante la audiencia, un abogado del gobierno respondió que aún es prematuro sostener que el proyecto perjudicará a la ciudad porque la CBP todavía no aprobó un diseño definitivo.El gobierno aceleró el proyecto mediante exenciones regulatoriasCon el objetivo de acelerar la construcción del muro, tanto la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como el actual secretario, Markwayne Mullin, dejaron sin efecto diversas normas ambientales y de protección de sitios arqueológicos que normalmente rigen para este tipo de obras.La legislación aprobada por el Congreso autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a suspender determinados requisitos para facilitar la construcción del muro fronterizo. No obstante, los críticos sostienen que el gobierno está utilizando esa facultad de forma mucho más amplia de lo previsto, aplicando exenciones a lo largo de casi toda la frontera de 3.200 kilómetros entre Estados Unidos y México.En el caso de Presidio, el distrito sostiene que el DHS incumplió la Ley de Ríos y Puertos. Aunque la agencia eximió esa norma, los abogados argumentan que el texto legal igualmente obliga al gobierno a consultar previamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.Louis Katz, abogado de Democracy Forward, calificó el uso de estas exenciones como "un ejercicio extraordinario de autoridad".La construcción podría comenzar entre agosto y octubreUno de los puntos centrales de la audiencia fue determinar cuándo comenzarán las obras, una incertidumbre que también preocupa a propietarios de terrenos a lo largo de la frontera.Hasta el momento, las cuadrillas solo han trasladado materiales, incluidos los paneles de acero que formarán parte del muro, pero la construcción aún no comenzó en esa zona.Alexander Yun, abogado del Departamento de Justicia, indicó que las obras difícilmente empiecen a principios de agosto, como se especulaba. Según explicó, el inicio podría producirse entre finales de agosto y octubre.El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que completar el muro sigue siendo una prioridad.Durante una audiencia en el Congreso celebrada en junio, Mullin aseguró que la primera etapa del proyecto estará terminada "para esta misma fecha del próximo año". Por su parte, el jefe de la CBP, Rodney Scott, afirmó que la agencia está construyendo aproximadamente 10 kilómetros de muro por semana.El juez expresó dudas sobre ambas posicionesLa administración Trump impulsa la construcción del muro en un momento en que los cruces fronterizos se encuentran en su nivel más bajo en décadas.El sector Big Bend, donde se ubica Presidio, no registró en los últimos años el elevado flujo migratorio observado en otras zonas del Río Grande ni en los estados de Arizona y California, debido a las características remotas y accidentadas del terreno.Aun así, el abogado del Departamento de Justicia sostuvo que la disminución de los cruces durante el último año constituye una "anomalía" y reiteró que el objetivo del gobierno es alcanzar "cero cruces ilegales".El juez federal Reggie Walton respondió con escepticismo a ese planteo y señaló que "es simplemente una realidad" que siempre habrá personas intentando cruzar la frontera.Walton también manifestó sus dudas sobre el alcance de su autoridad para limitar las acciones del Departamento de Seguridad Nacional, dado que el Congreso le otorgó facultades para suspender determinadas exigencias legales.El magistrado anunció que emitirá su decisión durante la próxima semana.Con información de AP.