La inhabilitaci�n de Holaluz iniciada por el Gobierno es la punta del iceberg de problemas mayores. Hay cientos de empresas sin control y un agujero de 300 millones.El proceso de inhabilitaci�n iniciado por el Gobierno para retirar a Holaluz el permiso para la comercializaci�n de electricidad ha puesto en evidencia el descontrol que existe en estos momentos en Espa�a en ese negocio.Holaluz es, con diferencia, el caso m�s conocido de una nueva comercializadora de luz surgida a ra�z de la liberalizaci�n del sector para competir con las grandes el�ctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Su inhabilitaci�n es muy notoria.Pero no es la �nica. Coincide con otros procesos similares por parte del Gobierno y de la Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poner freno al descontrol que se ha creado en el negocio de venta de electricidad.Para entender la situaci�n hay que remontarse a hace tres d�cadas, cuando se inici� la liberalizaci�n de la venta de luz en Espa�a.23 m�s este a�oPara favorecer el lanzamiento de nuevas el�ctricas que compitieran con los antiguos monopolios de Iberdrola, Endesa y Naturgy, los sucesivos gobiernos dejaron hacer, con una regulaci�n muy laxa en cuanto a requisitos para convertirse en comercializadora de luz. Por ejemplo, bastaba con un capital social de 3.000 euros para lanzar una comercializadora. El resultado es que Espa�a es, con diferencia, el pa�s europeo con m�s comercializadoras. Hasta la fecha, han surgido 933, y la lista sigue aumentando. Solo en lo que va de a�o han surgido otras 23.El problema es que hay cientos sin actividad o con una actividad testimonial. Es lo que ha venido a denominarse comercializadoras pirata o fantasma. Amparadas en requisitos m�nimos, muchas comercializadoras consiguen un pu�ado de clientes a los que cobran por la luz que les suministra un proveedor, pero esquivando o retrasando los pagos por esos suministros y los correspondientes peajes por el uso de redes de distribuci�n.Vuelta a empezarTras un tiempo, cuando se detecta esa operativa y se les cancela la licencia, muchas vuelven a empezar con otro nombre. De las 933 comercializadoras que se han dado de alta desde 2001, 384 se han dado ya de baja. El resto, es decir, 549, te�ricamente siguen en activo, aunque muchas solo tienen un cliente (m�nimo imprescindible para no ser dadas de baja autom�ticamente). Esas 549 son una cifra descomunal comparada con otros pa�ses, como Alemania (210) o Italia (140). La CNMC alertaba hace una semana de la situaci�n y propon�a endurecer los requisitos a las comercializadoras, planteando medidas para que demuestren suficiente capacidad t�cnica y econ�mica.Por ejemplo, entre otras medidas, el regulador propone que a las comercializadoras se les pida un capital social m�nimo de 60.000 euros.Pagos por anticipadoOtro requisito es que se obligue a las comercializadoras a adquirir de antemano la energ�a que van a revender a sus clientes como m�nimo, con seis meses de antelaci�n, con suficientes garant�as y avales de pago.La CNMC tambi�n plantea restaurar un r�gimen de autorizaci�n administrativa previa para las comercializadoras de electricidad, sustituyendo el actual modelo de declaraci�n responsable para frenar el aumento de los impagos.Igualmente, la CNMC tambi�n reclama que se incremente la vigilancia sobre la venta de cartera de clientes. El regulador ha detectado que "actualmente existe la pr�ctica de crear empresas comercializadoras para su posterior venta".Aunque las autoridades sepan de la existencia de este tipo de operaciones de compraventa, la normativa actual no permite disponer de informaci�n sobre si la nueva empresa que asumir� la actividad cumple con los requisitos de la actividad, por m�nimos que sean.Seg�n el recuento de la CNMC, 39 comercializadoras fueron inhabilitadas entre 2022 y 2025 por incumplir los requisitos legales actuales, ya de por s� muy elementales.Impagos y peajesSeg�n datos de la CNMC, los impagos acumulados por compras de energ�a no cubiertas por garant�as superan los 243 millones, a lo que se suman unos 14 millones de deuda por peajes y hasta 40 millones de euros adicionales de deuda fallida. Esta situaci�n da�a tanto a otras empresas y usuarios como a la reputaci�n del mercado.Holaluz tiene diez días hábiles para alegar desde que le fue comunicado el procedimiento para su posible inhabilitación.En declaraciones a EXPANSIÓN, la presidenta de Holaluz, Carlota Pi, ha explicado que la situación se resolverá porque todo arranca de un mero trámite administrativo.Al margen del procedimiento, Pi dice que el 'establishment' de las grandes eléctricas lleva años queriendo hacer desaparecer a Holaluz, pero no "lo van a conseguir". "Ya lo intentaron hace dos años".