La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, rechazó este martes 21 de julio las acusaciones en su contra durante la última jornada de presentación de pruebas del juicio político que impulsa la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La exfuncionaria sostuvo que no existen pruebas que demuestren un incumplimiento de funciones ni un perjuicio económico al Estado derivado del contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM).Manzano compareció de forma telemática y aseguró que las pruebas expuestas por los interpelantes durante la etapa probatoria no demostraron las acusaciones formuladas en su contra.“No me llamaron para crear una crisis, sino para enfrentarla. No administré la normalidad de un ministerio”, afirmó al señalar que fue convocada por el presidente Daniel Noboa para asumir la cartera de Estado en medio de la crisis eléctrica que atravesaba el país.PublicidadLa exministra también sostuvo que los cuestionamientos relacionados con los contratos de emergencia no corresponden a competencias propias de un ministro de Estado.“Nunca un ministro asume como propia una responsabilidad por una competencia que no tiene. Como sostiene mi defensa, esa responsabilidad correspondía exclusivamente al gerente general de Celec de entonces”, manifestó.Durante la diligencia, los asambleístas interpelantes insistieron en que durante la administración de Manzano se suscribió una adenda contractual que permitió desembolsos a favor de ATM pese a las observaciones existentes sobre la empresa.PublicidadPublicidadEl legislador Blasco Luna sostuvo que la entonces ministra no ejerció el debido control sobre los contratos de emergencia y afirmó que durante su gestión se realizaron pagos a la contratista pese a las irregularidades detectadas.Por su parte, el asambleísta Lenín Barreto aseguró que ATM obtuvo el contrato durante la crisis energética pese a haberse constituido pocos meses antes y cuestionó las actuaciones adoptadas por el Ministerio de Energía durante ese proceso.Frente a esos señalamientos, Manzano indicó que el contrato contemplaba un mecanismo de mediación previo a cualquier terminación unilateral, por lo que, según dijo, no era posible darlo por finalizado de manera inmediata.Asimismo, rechazó que exista evidencia sobre un supuesto perjuicio económico para el Estado.“Por eso causa asombro la liviandad con la que los acusadores sostienen que mis supuestas omisiones causarían un perjuicio económico al Estado. Pero ni la Contraloría ha llegado a semejante conclusión. En un Estado de derecho no se presume un hecho, sino que se lo prueba, y esas pruebas no existen”, expresó.Su abogado defensor, Ismael Quintana, sostuvo que la responsabilidad sobre la ejecución del contrato correspondía al entonces gerente general de Celec y afirmó que las pruebas presentadas por la bancada correísta no sustentan la acusación por incumplimiento de funciones. Además, señaló que parte de la documentación incorporada durante la etapa probatoria hacía referencia al caso Progen, pese a que el juicio político se centra en las actuaciones relacionadas con ATM.PublicidadCon la conclusión de la etapa de práctica de pruebas, la Comisión de Fiscalización inició este martes el plazo de cinco días para elaborar el informe que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional archivar el juicio político, dar paso a su continuación o presentar informes individuales con posiciones distintas por parte de sus integrantes. (I)