Un juez federal impidió, de forma temporal, que el Gobierno del presidente Donald Trump privara a decenas de miles de solicitantes de asilo e migrantes con Estatus de Protección Temporal de su derecho a trabajar en Estados Unidos.El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, de Boston, se puso del lado de una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y sindicatos que presentaron una demanda para impedir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llevara a cabo una serie de medidas destinadas a aplicar las nuevas restricciones en materia de inmigración aprobadas por el Congreso el año pasado. ​Agenda de migración de línea duraLa orden de Gorton permanecerá en vigor hasta que el juez decida si dicta una suspensión a más largo plazo de la política de la Administración Trump.

El juez afirmó que se pronunciaría al respecto antes del 5 de agosto.

El USCIS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.La emblemática ley fiscal y de gasto público de Trump, aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025, impuso por primera vez tasas para solicitar asilo y restringió la autorización de empleo para las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, según siglas en inglés).Se trata de una designación que permite a los migrantes procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes vivir y trabajar en Estados Unidos mientras no sea seguro para ellos regresar a sus países de origen.El Gobierno de Trump ha tratado, como parte de la agenda de migración de línea dura del presidente republicano, de poner fin al TPS para personas procedentes de más de una docena de países.