El presidente Gustavo Petro sigue sin acreditar su narrativa de fraude electoral. En la noche de este lunes festivo, después de que anunciara en la plaza pública que publicaría las evidencias de su denuncia en las presidenciales de junio, ha develado en X un documento de 61 páginas, la acción de nulidad electoral presentada por un grupo de ciudadanos el 17 de julio ante el Consejo de Estado. El documento, sin embargo, admite directamente que no prueba un fraude.El presidente lleva atizando su narrativa desde antes de las elecciones, cuando dijo, casi a modo de predicción, que se estaba fraguando el robo de los comicios. Luego de la segunda vuelta presidencial, el mandatario y su candidato Iván Cepeda pidieron esperar los resultados del escrutinio para reconocer la estrecha victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Esa misma semana, Cepeda admitió su derrota, con lo que la advertencia de un fraude parecía un asunto superado. Pero el presidente Petro lo reactivó cuando un grupo de veedores ciudadanos, entre esos un supuesto hacker, llegaron a la Casa de Nariño alegando tener evidencias de que fueron alterados los resultados. El presidente pidió entonces a la inteligencia del Estado verificar la denuncia. Funcionarios se reunieron con el demandante y encontraron que el hombre no llevó ninguna evidencia. Como lo reveló EL PAÍS, el 30 de junio llegó al despacho del mandatario en la Casa de Nariño un informe producto de esos encuentros, que desvirtúa las denuncias de alteraciones electorales. Pese a ello, Petro ha insistido y apunta a muchos sitios. Ha señalado a Thomas Greg & Sons, la empresa colombiana de la familia Bautista con la que ha peleado durante todo su mandato, de haber facilitado un fraude. Ha acusado a la Registraduría Nacional del Estado Civil de cargar resultados antes de los comicios, como señalaba la versión del supuesto hacker. Ha acusado a Black Cube, una empresa espía israelí, de haber intervenido en las elecciones. La semana pasada, acotó que el fraude ocurrió en el consulado de Los Ángeles, en California. Y este 20 de julio aseguró que sus aliados tienen lista una estrategia de difusión con videos pedagógicos que “tradujeron el lenguaje técnico” de los hallazgos y las pruebas del fraude. Horas antes había vuelto a desconocer a su sucesor, Abelardo de la Espriella, y repitió, en el último Día de la Independencia que presidió, que “el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda”. Sin embargo, el documento que ha dado a conocer a continuación no tiene ninguna evidencia. La demanda radicada no lleva la firma de Petro ni de ningún funcionario del Gobierno, sino de seis ciudadanos encabezados por el abogado e ingeniero químico William Roy Villanueva. Actúan invocando el carácter público de la nulidad electoral, que permite a cualquier persona pedir la anulación de un acto de elección por voto popular. La demanda vincula como demandados a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al propio De la Espriella junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Su argumento es un cuestionamiento técnico a la Registraduría que, según alegan, redujo los controles digitales de autenticidad, integridad y trazabilidad de las actas en las que los jurados de mesa consignan los resultados de la votación (los formularios E-14) frente al estándar de las elecciones de 2022. De hecho, el propio texto se cuida de aclarar, en varios apartados, que no alega un fraude:“No se afirma que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”, se lee en uno de ellos.Para sustentar su tesis, los demandantes aportan un estudio que hicieron ellos mismos, de 97 archivos E-14 descargados del portal oficial de la Registraduría y correspondientes a 2022 y 2026. Según su análisis, los de 2022 incluían metadatos completos, un prefijo único de archivo y la identificación real de mesa y corporación, mientras que los de 2026 presentan “ausencia total de prefijo, corporación ‘XXX’, mesa ’000′, productor vacío y ausencia de fechas de creación o modificación”. El autoperitaje, sin embargo, también es concluyente. “El dictamen advirtió expresamente que no afirma fraude electoral ni alteración fraudulenta de resultados; su conclusión se limita a la presencia o ausencia de controles técnicos de autenticidad, integridad y trazabilidad”. La pesquisa apunta a que las firmas de los jurados quedaron ubicadas en 2026 en una hoja separada del cuerpo de votos, una modificación que, sostienen, “debilitó el vínculo documental inmediato entre el contenido escrutado y la validación de quienes suscribieron el acta”.El expediente añade otros hallazgos puntuales sobre el portal de datos electorales de la Registraduría: en 254 mesas encontraron páginas web provisionales con la leyenda “Página no digitalizada” luego reemplazadas por actas completas escrutadas; 83 mesas con marcas de agua de “Confidencial” en documentos de naturaleza pública, concentradas en los municipios de Susa, Anolaima y Simijaca (Cundinamarca); y 859 mesas con cambios en las dimensiones de página de los archivos PDF, que interpretan como un indicio de que esos documentos fueron ensamblados a partir de orígenes distintos en un escaneo.Uno de sus acápites se enfoca en una eventual intervención de un servidor ubicado en California, Estados Unidos, en el procesamiento de los formularios; otro señala como irregularidad que cerca del 20% de las mesas fueron informadas apenas siete minutos después del cierre de la votación. Especifican la creación de unas 5.000 mesas nuevas antes de la primera vuelta y enfatizan en la existencia de una supuesta bodega en Bogotá que habría contratado a personas para diligenciar formularios E-14 antes de la jornada electoral, hecho que —según el escrito— ya habría sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.Pero el documento de 61 páginas no contiene el peritaje que hicieron los mismos denunciantes, la información de la bodega ni las irregularidades concretas en el consulado. “Se ha identificado un evento técnico de frontera que exige especial verificación judicial: el servidor de la Registraduría no habría operado de manera aislada, pues existirían trazas o pruebas de “puente” en simultaneidad con un servidor ubicado en California, Estados Unidos, que habría intervenido en la “instrumentación” de los E-14″. Las pruebas de ese servidor tampoco aparecen en el documento. El expediente no surge en el vacío. Antes de la declaratoria de elección, dos acciones de tutela habían pedido a la justicia que ordenara a la Registraduría explicar el cambio en el modelo de publicación de los E-14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca llegó a requerir formalmente a la entidad que indicara “las razones fácticas, técnicas y jurídicas del cambio del modelo escrutador de 2022 al implementado en 2026”, un requerimiento que, según la demanda, no fue atendido antes de la segunda vuelta. Sin embargo, la Registraduría respondió públicamente a través de un boletín de prensa publicado el mismo 21 de junio que los registros de digitalización sí quedaron consignados en la metadata de los archivos y que el mecanismo de seguridad de los documentos “no fue suprimido”, sino que opera de manera distinta según el canal de descarga utilizado por cada usuario.Con los cuestionamientos de que los estándares de la Registraduría cambiaron, los demandantes piden al alto tribunal declarar la nulidad de la elección de De la Espriella y ordenar una auditoría judicial, la exhibición de los registros técnicos internos de la organización electoral —incluidas las huellas criptográficas y metadatos— y una inspección pericial sobre los sistemas de publicación de los documentos electorales. El proceso apenas comienza su trámite ante el Consejo de Estado, que deberá definir si admite la demanda antes de entrar a estudiar sus cargos. El documento, sin embargo, es concluyente. “No se exige al juez que declare probado el fraude en esta etapa. Se le solicita que reconozca que la opacidad oficial impide descartar racionalmente las hipótesis de manipulación”.