Noticia Exclusivo suscriptores A diferencia de lo que ha afirmado el presidente Gustavo Petro, la demanda que estudiará el Consejo de Estado no concluye que hubo fraude electoral.Abelardo de la Espriella es declarado Presidente para el periodo 2026 - 2030. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL21.07.2026 07:01 Actualizado: 21.07.2026 13:52
Una nueva demanda, anunciada por el presidente Gustavo Petro y radicada por un grupo de abogados que cuenta con su respaldo, fue presentada ante el Consejo de Estado con el propósito de anular la elección de Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030.Y, aunque en los discursos de la conmemoración del 20 de julio el primer mandatario aseguró que radicaría un documento cargado de pruebas sobre el supuesto fraude, lo cierto es que la demanda no concluye que existiera, sino que pide investigarlo."Se precisa, en armonía con lo expuesto en los apartados anteriores, que esta afirmación no supone sostener que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado. Lo que se afirma, y lo que la evidencia técnica sostiene, es que la presunta supresión inmotivada de los mecanismos de verificación desconoció un estándar internacional de integridad electoral reconocido por el Estado", dice uno de los apartados.La acción solicita que se declare la nulidad de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, por haber sido, según el documento, emitida con "infracción de normas superiores, expedición irregular y/o configuración de causales objetivas de nulidad electoral". En consonancia con esa afirmación, cuestiona cambios en la arquitectura tecnológica de la Registraduría y pide un nuevo escrutinio o una auditoría judicial.La demanda fue radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetLas pretensiones del demandante incluyen la realización de un "nuevo escrutinio, auditoría judicial o verificación técnica" de las mesas que presenten inconsistencias, así como la exhibición de los registros técnicos, archivos y soportes digitales utilizados por la Registraduría durante el proceso electoral.También solicita una inspección judicial sobre los sistemas de generación, escaneo, procesamiento y publicación de los formularios electorales E-14, E-24 y E-26.El eje central de la demanda gira en torno a la forma en que la Registraduría publicó los formularios E-14 durante las elecciones presidenciales de este año. Según el escrito, para las presidenciales de 2026 "se eliminaron elementos técnicos que, en las elecciones de 2022, permitían verificar el origen y autenticidad de los documentos"."La ausencia de justificación resulta más grave porque en 2022 la propia Registraduría había alcanzado un estándar superior de trazabilidad (...) El cambio de 2026 redujo garantías previamente disponibles", sostienen los demandantes.Este tema, sin embargo, ya ha sido aclarado por la Registraduría, que ratificó la transparencia del mecanismo. El registrador ha dicho reiteradamente que el escrutinio oficial se basa en las actas físicas E-14 y no en sus imágenes digitalizadas ni en el preconteo.Pero, además, el sistema electoral como tal y el desarrollo de los comicios recibieron el visto bueno de organismos de verificación nacionales e internacionales, como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.Los supuestos hallazgos que cita la demandaLa acción también incorpora un apartado denominado "Análisis de anomalías digitales y hallazgos críticos en 2026", en el que relaciona una serie de presuntas inconsistencias detectadas en los archivos publicados por la Registraduría.Entre ellas, menciona que en 254 mesas se habrían reemplazado posteriormente archivos inicialmente publicados; que en 83 mesas aparecieron marcas de agua con la palabra "Confidencial"; que en 859 mesas se detectaron inconsistencias en los archivos PDF y que el 97,4 % de las actas presentaría ausencia de metadatos, situación que, según el demandante, evidenciaría un procesamiento posterior de los documentos digitales.Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto:Jaiver Nieto Álvarez.Otro de los argumentos expuestos en la demanda sostiene que, antes de la primera vuelta presidencial, se crearon cerca de 5.000 nuevas mesas de votación, en las que, según el escrito, el hoy presidente electo habría obtenido una ventaja significativa.El documento también hace referencia a una presunta bodega en Bogotá, supuestamente administrada por Thomas Greg & Sons, en la que se "habrían diligenciado y firmado formularios E-14 antes de la jornada electoral".Sin embargo, todas estas pruebas las plantea como "posibles". "No se pide al juez electoral que dé por probada (...) la responsabilidad penal de particulares o contratistas. Se pide que reconozca la pertinencia probatoria del hallazgo", señala la demanda.Lo que pide al Consejo de EstadoEn la parte final, el demandante concluye que la declaratoria de elección se sustentó en documentos cuya cadena de digitalización y publicación "fue materialmente degradada frente al estándar de 2022", por lo que considera que esas presuntas irregularidades terminaron proyectándose sobre el acto administrativo que declaró la elección presidencial.Actualmente, hay una decena de demandas de nulidad contra la elección de De la Espriella. El Consejo de Estado ya rechazó la que fue interpuesta por el abogado del Pacto Histórico Luis Guillermo Pérez, quien pedía como medida cautelar suspender la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
