La nueva ley antitabaco ya está en marcha. El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley que amplía los espacios libres de humo, prohíbe expresamente fumar a los menores de 18 años y contempla sanciones de hasta 600.000 euros. Así lo ha anunciado Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 21 de julio. El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. La norma todavía no está en vigor y puede experimentar modificaciones durante su paso por el Congreso y el Senado. Su objetivo es actualizar la Ley 28/2005, adaptarla a los nuevos productos relacionados con el tabaco y reforzar la protección de las personas expuestas al humo y a los aerosoles. “Pretendemos seguir marcando un antes y un después en la protección de la salud pública”, señaló la ministra de Sanidad. TE PUEDE INTERESAR Multas de hasta 600.000 euros El régimen sancionador divide las infracciones en leves, graves y muy graves. Las conductas leves se castigarán con multas de entre 200 y 600 euros. Entre las infracciones leves figuran fumar o consumir productos relacionados en espacios vetados, no exhibir los carteles obligatorios o que un menor de edad consuma tabaco. También se incluye la venta o comercialización de estos productos por personas menores de 18 años. Las infracciones graves podrán recibir sanciones de entre 601 y 10.000 euros. En este grupo se encuentran permitir fumar donde esté prohibido, habilitar zonas de consumo no autorizadas, vender productos a menores o comercializar cigarrillos electrónicos de un solo uso. TE PUEDE INTERESAR Las multas más elevadas se reservan para las infracciones muy graves, con cantidades comprendidas entre 10.001 y 600.000 euros. Estas conductas están relacionadas principalmente con la publicidad, la promoción y el patrocinio ilegal de productos del tabaco o de los dispositivos utilizados para consumirlos. La prohibición se aplicará en todos los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la información. El objetivo es impedir que fabricantes, distribuidores o empresas promocionen estos productos fuera de los supuestos permitidos por la normativa. También se castigarán determinadas prácticas comerciales, como la entrega de muestras gratuitas, la venta con descuento o la distribución de bienes y servicios que promocionen directa o indirectamente el consumo de tabaco. Quién paga si fuma un menor Una de las principales novedades es la prohibición expresa del consumo de tabaco por menores de edad. Hasta ahora, la legislación impedía vender o suministrar estos productos a menores de 18 años, pero no recogía de manera específica que tampoco podían consumirlos. Cuando un menor cometa esta infracción, los padres, tutores legales o personas encargadas de su guarda responderán del pago de la multa. La sanción económica recaerá inicialmente sobre el menor, aunque sus responsables legales deberán abonarla de forma subsidiaria. La responsabilidad por vender o entregar tabaco a una persona menor de edad será diferente. En ese caso, la sanción corresponderá a quien haya realizado el suministro, permitido el uso de una máquina expendedora o facilitado el acceso al producto. El proyecto contempla que algunas sanciones impuestas a menores puedan sustituirse por trabajos comunitarios. Esta posibilidad dependerá del desarrollo y de la aplicación definitiva de la norma una vez que termine su tramitación parlamentaria. El texto busca combinar la sanción económica con medidas educativas que permitan concienciar a los jóvenes sobre los efectos del tabaco. La regulación definitiva deberá precisar cómo se aplicará esta alternativa y en qué casos podrá utilizarse. La nueva ley antitabaco ya está en marcha. El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley que amplía los espacios libres de humo, prohíbe expresamente fumar a los menores de 18 años y contempla sanciones de hasta 600.000 euros. Así lo ha anunciado Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 21 de julio. El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria.