Después de que la justicia comunitaria diese su aval a la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas pidió este lunes a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés. La Fiscalía ha respondido este martes en un escrito en el que solicita que se aplique la ley avalada por Luxemburgo y en el que señala la improcedencia de analizar el uso de fondos europeos en el procés después de que los jueces comunitarios lo descartasen.El Tribunal de Cuentas dio traslado a las partes de este procedimiento para que valorasen si se debía aplicar la ley de amnistía en caso de que se hubiesen usado fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea. Para el ministerio público, este traslado es “improcedente e innecesario”: primero, porque tanto el tribunal como el abogado general de la UE descartaron en su momento que se hubieran usado fondos comunitarios. Y, segundo, porque cuando se planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea —donde se planteaba, entre otras cuestiones, si la amnistía de los delitos de malversación se adecuaba al derecho comunitario— no se puso sobre la mesa que se hubieran podido haber usado indebidamente fondos europeos. No fue hasta una vez aprobada la ley, insiste el fiscal, que “se ha puesto en cuestión que las investigaciones de los gastos indebidos objeto de este procedimiento tengan otra procedencia distinta de la Generalitat de Catalunya” y ello a pesar de “las investigaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como del propio Tribunal de Cuentas”. Así, y basado también en otras cuestiones de carácter procedimental, el representante del ministerio público pide que, resuelta la cuestión en Luxemburgo, se levante la suspensión del procedimiento y se aplique, ahora sí, la amnistía.Este martes se ha sabido que el Tribunal Constitucional deliberará el 22 de septiembre, a la vuelta del verano, el primero de los recursos presentados por los líderes condenados del procés a los que el Supremo no les ha aplicado la ley de amnistía: el de Jordi Turull, exconseller de la Generalitat. En los sucesivos plenos, el Constitucional irá decidiendo sobre las demás solicitudes, incluida la del expresident Carles Puigdemont.El Constitucional tiene que dar respuesta a los siete recursos de amparo presentados por los líderes independentistas a los que el Supremo rechazó conceder la medida de gracia al considerar que el delito de malversación que les atribuye no está cubierto por la ley impulsada por el Gobierno, ERC y Junts. El tribunal de garantías decidió, sin embargo, esperar a la sentencia del TJUE para resolver esas impugnaciones.