La llegada de Andy Burnham al cargo de primer ministro ha reabierto la discusión sobre el futuro de Thames Water y los problemas de privatizar lo que las Naciones Unidas reconocen como un derecho fundamental: el acceso asequible, suficiente, seguro y aceptable al agua.Thames Water fue privatizada en 1989 durante el gobierno de Margaret Thatcher, cuando el Reino Unido transformó el suministro de agua en Inglaterra y Gales en un negocio privado. A diferencia de la mayoría de los países europeos, donde el servicio suele permanecer bajo control público o mediante concesiones municipales, las empresas británicas pasaron a ser propietarias de la infraestructura, desde las tuberías hasta las plantas de tratamiento, aunque bajo la supervisión del regulador Ofwat. El objetivo era atraer inversión privada para modernizar las redes sin recurrir al dinero de los contribuyentes.
La empresa, que abastece de agua potable y servicios de saneamiento a unos 16 millones de personas (la más grande de su tipo en el país), acumula una deuda cercana a los 20.000 millones de libras y podría quedarse sin liquidez en los próximos meses si no logra completar una nueva reestructuración financiera.
La decisión ahora recae sobre Burnham quien ha reiterado que no pretende mantener el modelo actual y estudia colocar a Thames Water bajo un régimen especial (Special Administration Regime), un régimen especial mediante el cual el Estado asumiría temporalmente el control operativo para garantizar el suministro y estabilizar las finanzas mientras define un nuevo futuro para la empresa. No sería una nacionalización (como fue el caso de British Steel), sino una intervención extraordinaria similar a un proceso de administración supervisado por el Gobierno.
