El pasado 26 de junio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) publicó un acuerdo ministerial por medio del cual declaró bajo reserva toda la información, documentación y actos administrativos tanto del ministerio como del Ministerio de la Defensa, relacionados con el desarrollo y construcción del proyecto de la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo, Izabal.
Dicha disposición fue firmada y autorizada por la titular de la cartera de Ambiente, Patricia Orantes, el 23 de junio. La funcionaria basó su decisión en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establecen los límites del derecho de acceso a la información, ya que, según el Marn, esta información es considerada clasificada porque está relacionada con asuntos militares y de seguridad nacional.
Sobre este aspecto, la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se pronunció acerca de la disposición del Ministerio de Ambiente, ya que a dicha cartera únicamente le compete la elaboración de los estudios de impacto ambiental necesarios para la construcción de esa cárcel de máxima seguridad.
Los estudios de impacto ambiental constituyen una herramienta fundamental para evaluar los riesgos de contaminación, deforestación y afectación de los recursos hídricos y naturales. Al blindarlos bajo el manto del secreto, el Marn no solo vulnera el principio de transparencia, sino que cercena la posibilidad de que la ciudadanía participe activamente en la vigilancia del proyecto, indicó la PDH.
