AnálisisAl presidente electo le tocará tomar decisiones frente a las situaciones que vienen pasando de gobierno a gobierno desde hace décadas.El director del Inpec reunido con dragoneantes. Foto: CortesíaEDITOR MESA20.07.2026 19:14 Actualizado: 20.07.2026 19:25
El nuevo Congreso que se posesionó este lunes y el nuevo gobierno que empezará el 7 de agosto tienen en el frente de justicia y seguridad desafíos para nada menores.Tras cuatro años en los que no solo no se atendieron los problemas urgentes, sino que se agravaron, las tareas van mucho más allá de los contraproducentes efectos de la ‘paz total’ y el desmantelamiento de capacidades de la Fuerza Pública, incluidas las de inteligencia del Estado. LEA TAMBIÉN En efecto, al gobierno de Abelardo De La Espriella le tocará tomar decisiones frente a ‘papas calientes’ que vienen pasando de gobierno a gobierno desde hace décadas y frente a las cuales la saliente administración deja poco, casi nada, por destacar.En las 124 cárceles del país hay hoy 101.299 personas privadas de la libertad, aunque hay cupo solo para 81.061 (el hacinamiento volvió a niveles del 25 por ciento). Hay otros 52.769 presos en domiciliaria y 6.678 más sometidos a vigilancia con brazalete electrónico.Imagen Inpec. Foto:Cortesía Laultima.com.co / ArchivoEl hacinamiento se dispara hasta niveles del 88 por ciento cuando se trata de detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía: el cupo, según el último informe de la Corte Constitucional, es de 9.711 personas, pero hay 18.624 presos. Y aunque se supone que se trata de centros de detención transitoria (máximo las 36 horas de ley), hay decenas de casos de personas que completan allí más de 12 meses, contraviniendo todas las normas. La construcción de nuevas prisiones y su administración por privados son fórmulas que planteó desde la campaña el nuevo presidente de los colombianos.Pero con las cárceles, el problema va mucho más allá de la infraestructura: tiene que ver con quién las controla. Hoy, nadie que conozca la realidad carcelaria podría decir que de rejas para allá manda el Estado, mucho menos en cárceles donde viven, muchas veces a cuerpo de rey, grandes poderes criminales.Vehículos blindados del Inpec. Foto:Minjusticia.El privilegiado régimen de los capos del ‘tarimazo’ en la cárcel de Itagüí puede ser el más evidente, pero está lejos de ser una flor extraña. No solo ahora, sino desde los tiempos de la impresentable ‘Catedral’ de Pablo Escobar. Y en el vecindario hay recientes ejemplos, como el del abatido ‘Niño Guerrero’ y su ‘Tren de Aragua’ en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, de hasta dónde una penitenciaría puede ser funcional a los intereses estratégicos de las ligas mayores del crimen. LEA TAMBIÉN Recuperar el imperio de la ley en las cárceles pasa por tomar una decisión de fondo frente a la sobrediagnosticada liquidación del Inpec, que es un órgano desestabilizador para la administración de justicia en la medida en que la corrupción imperante y el abuso de los derechos sindicales lo han vuelto virtualmente ingobernable. El nuevo minjusticia, Iván Cancino, tendrá también que trabajar con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia para abordar la cirugía de fondo al sistema penal acusatorio, que lleva años enviando señales de colapso y que solo ha recibido pañitos de agua tibia.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
