Bruselas ha multado a AliExpress con 550 millones de euros por el control insuficiente de la venta de productos ilegales en su plataforma digital. El gigante chino del comercio electrónico “incumplió con su obligación de evaluar de forma diligente el riesgo en la distribución de productos ilegales, peligrosos o falsificados”, ha concluido la Comisión Europea. Esta es la segunda multa que aprueba la UE por este motivo tras la impuesta a Temu el pasado mayo, aunque ahora la sanción casi triplica los 200 millones de hace un par de meses, lo que la convierte en la más elevada por este tipo de incumplimientos. AliExpress, la filial del grupo Alibaba enfocada a la venta digital al por menor, no tiene personal suficiente para comprobar que los productos que se venden en su su plataforma son ilegales, concluye Bruselas. A veces, explican fuentes de la Comisión, los trabajadores solo disponen de 10 a 20 segundos para revisar los riesgos potenciales de estos productos. “No tuvo en cuenta de forma realista la desproporción entre los controladores humanos y su carga de trabajo”, apunta Bruselas en el comunicado en el que anunciaba la sanción. Y no ha sido este el único problema que los técnicos de la Comisión han detectado. También han suspendido los sistemas de recomendación y publicidad, porque, concluyen, “agravan la difusión de productos ilegales”. Otro motivo de sanción es que su forma de evaluar “no medía adecuadamente la eficacia de su sistema de moderación a la hora de prevenir”. Todos estos fallos, apunta la Comisión, han resultado en que ”numerosos productos ilegales, desde productos falsificados hasta juguetes poco seguros y cosméticos peligrosos, circulaban por la plataforma y, aunque se detectaran, permanecían [a la venta] digital línea durante varias semanas". Además, el gigante chino “no aplicó adecuadamente su política de sanciones a los comerciantes que vendían productos ilegales”. Visto todo esto y tras una investigación abierta en marzo de 2024, la Comisión sanciona a AliExpress con 550 millones, de los que 110 millones corresponden a su deficiente evaluación de riesgos y 440 millones a la falta de mitigación de los mismos. Esta sanción se impone por la actividad de la empresa hasta junio de 2025 que fue cuando la Comisión lanzó la acusación formal contra el gigante chino. En aquel momento, la Comisión ya obligó a Temu a controlar más la venta de productos ilegales como medicinas, suplementos alimenticios o material para adultos. Ahora da este nuevo paso que conlleva la multa más alta que se ha impuesto hasta el momento en base al reglamento de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por encima de los 200 millones a Temu y de los 120 millones a la red social X. A pesar de estas cifras, la multa está muy lejos de ser la máxima sanción recogida en esta norma, que contempla un castigo de hasta el 6% de los ingresos globales en un año del conglomerado afectado. En este caso, todo el grupo grupo Alibaba superó los 120.000 millones en 2025. Es decir, queda por debajo del 1%. Desde AliExpress, la reacción ha sido de disgusto, como ha señalado la empresa en un comunicado: “Hemos trabajado de forma constructiva con la Comisión Europea [...] y hemos llevado a cabo numerosos avances y asumido compromisos voluntarios para responder a las crecientes exigencias del DSA. No estamos de acuerdo con la decisión adoptada hoy [por este lunes] ni con la cuantía de la multa [...]. Estamos analizando cuidadosamente la decisión y valorando todas las opciones disponibles”.Bruselas, además, le impone deberes a AliExpress. Antes del 20 de octubre, la empresa tendrá que presentar un plan para corregir la situación. Esto ya sucedió con X, empresa que remitió un plan a Bruselas que la Comisión validó la semana pasada. Y este mismo proceso está ahora en marcha con Temu. Estas tres empresas tienen obligaciones específicas según las normas europeas por ser grandes plataformas, una condición que se adquiere −previa designación del Ejecutivo de la UE− cuando superan los 450 millones de usuarios. Su dimensión les convierte en un riesgo potencial mayor, tanto en la distribución de productos ilegales como en la diseminación de mensajes de odio y otro tipo de peligros. Por tanto, la UE aprobó en 2022 y empezó a aplicar un año después una norma que obliga a estas empresas a hacer evaluaciones anuales eficientes de su actividad y corregir los potenciales riesgos que detecten. La lógica de esta norma, centrada en los servicios digitales, es similar a la de los mercados digitales: imponer a los grandes obligaciones específicas por los mayores riesgos que su actividad puede causar. Al ser estadounidenses la mayoría de estas compañías, desde la Administración de Donald Trump (y desde las propias empresas) se ha acusado a la UE de aplicar políticas proteccionistas contra firmas estadounidenses y, en el caso del DSA, de atacar la libertad de expresión por exigirles controlar la difusión de contenidos de odio. Tomando solo las tres multas impuestas basadas en el DSA, las impuestas a las chinas Temu y AliExpress suman 750 millones de euros por los 120 millones sobre X.