EDitorialYa existen denuncias sobre actos que rayan en la campaña electoral anticipada, pero hasta ahora no se conoce un solo pronunciamiento al respecto.
De manera creciente y cada vez más desaforada, figuras con evidentes aspiraciones políticas han cambiado los discursos proselitistas, es decir aquellos referentes al ideario de sus partidos o a la formación de cuadros partidarios, para efectuar velados o declarados ofrecimientos clientelares en supuestas actividades de “afiliación”, sobre todo en la provincia. Actúan como si estuvieran en la década de 1980, cuando era difícil documentar tales acciones, pero los medios digitales registran lo que para muchos ciudadanos constituye una virtual propaganda electoral anticipada, taxativamente prohibida por la ley.
¿Por qué actúan así? Sea porque privilegian el clientelismo sobre la discusión programática o porque confían en la falta de consecuencias legales. El resultado es el mismo: prácticas que desdibujan los límites establecidos por la legislación electoral. Lo más preocupante es que tal conducta parece verse alentada por el silencio de un Tribunal Supremo Electoral que, a pesar de haber recibido más de un centenar de denuncias, aún no ha emitido un solo informe o apercibimiento público. Ni partidos ni políticos pueden alegar desconocimiento de la ley, pues desde el momento mismo de su constitución aceptan someterse a las normas y autoridades que rigen el sistema democrático.
