El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, eligió su primer terreno de batalla antes de llegar a la Casa de Nariño: el bolsillo que, por una década, ha sostenido la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016. Le ha bastado con anunciarlo, a través de videos en sus redes sociales, para poner en jaque el proceso sin necesidad de tocarlo aún por ley. Esta semana adelantó que cerrará varias oficinas por decreto presidencial y la estabilidad del que ha sido el mayor esfuerzo de justicia transicional para cerrar el conflicto armado colombiano en la historia reciente del país empezó a tambalear.Aunque el mandatario electo ha dicho que desmontará la “paz total”, la política con la que el saliente presidente Gustavo Petro pretendía negociar con nueve grupos armados al mismo tiempo, el golpe más contundente lo ha recibido la implementación del Acuerdo que desarmó a 13.000 exguerrilleros de las FARC. El primer anuncio ocurrió el 13 de julio, en una transmisión en vivo, cuando De la Espriella confirmó la eliminación de 229 cargos en la Presidencia de la República y la desaparición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Alegó cálculos numéricos, un recorte del Estado que ahorrará unos 10.000 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares) al año, dinero que, aseguró, será redirigido a programas que beneficien directamente a los colombianos, sin dar más detalles.El debate no tardó en escalar a las voces que ayudaron a diseñar el Acuerdo. El exsenador Humberto de la Calle, jefe negociador en el Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, ha centrado su defensa en proteger la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el organismo de justicia transicional creado para juzgar a los máximos responsables de los peores crímenes ocurridos en décadas de conflicto armado.A través de su cuenta de X, ha cuestionado el futuro del tribunal. “ Si se elimina, ¿qué va a hacer con los miles de procesos contra exguerrilleros y militares? ¿Pasarlos a justicia ordinaria? ¿Con cuáles penas? ¿Justicia ordinaria para penas alternativas? ¿Va a embarcarse en una reforma constitucional?”, advierte.Lo dice porque el presidente electo ha hablado de recortar el 90% del presupuesto de la JEP que hoy opera con un presupuesto anual de 739.000 millones de pesos. El 80% se destina a gastos de funcionamiento —sus magistrados, su personal técnico, la operación judicial— y el 20% restante a proyectos de inversión. En 2025, el tribunal reportó una ejecución del 99,3% de esos recursos. Un recorte como el que plantea el plan de gobierno de De la Espriella, le dejaría apenas unos 74.000 millones de pesos al año para sostener diez macrocasos de investigación contra exguerrilleros y militares y financiar la aplicación de las sanciones restaurativas ya dictadas a algunos de los máximos responsables. Su advertencia ha sido tal, que el presidente de la Jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, le ha pedido públicamente al presidente electo un encuentro para hablar sobre el tema. En junio pasado, Noticias Uno reveló un documento del equipo del ultraderechista en el que explicaba su apuesta fiscal para reducir el presupuesto nacional en 20 billones de pesos eliminando o fusionando distintas entidades. Entre ellas estaban la Unidad Nacional de Protección, encargada de la seguridad de personas con riesgos de seguridad; la Unidad de Víctimas, dedicada a su atención; la Unidad de Restitución de Tierras, que busca reponer un expolio a campesinos comprobado judicialmente; la Agencia para la Reincorporación, dedicada a crear proyectos de vida en la civilidad a quienes se desarmen; y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todas cumplen funciones para la implementación del Acuerdo de Paz. Germán Valencia, docente e investigador de la Universidad de Antioquia, señala que las asfixias presupuestales no disminuyen las obligaciones legales de las entidades, pero sí su capacidad para cumplirlas. “Menos investigadores, menos defensores, menos esquemas de protección, acompañamiento territorial y menos seguimiento. El resultado puede ser demoras administrativas y menos presencial Estatal”. Y advierte que, de cumplirseel recorte del 90% del presuuesto en la JEP, el golpe se vería en demoras en las investigaciones que llevan sobre conflicto armado. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) también ha advertido que la intención de eliminar o fusionar estas entidades no es una simple reforma administrativa. “Implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado”, se lee en un comunicado de junio pasado. Se refiere a que el Acuerdo no quedó a merced de la voluntad de un gobierno. Una reforma constitucional aprobada en 2017 obliga al Estado a respetar los compromisos pactados en La Habana hasta 2030. Además, entidades como la JEP no dependen del Ejecutivo, así que no pueden desaparecer por decreto, sino que exigirían un trámite constitucional que pase por el Congreso y las altas cortes. El problema es el ataque más silencioso de la plata.Valencia también es enfático en las consecuencias para las víctimas del conflicto armado y de los excombatientes en proceso de reincorporación. “Significaría demoras para el acceso a la verdad y a la justicia. Pero también se pueden disminuir las posibilidades de participación política por demoras administrativas”. Y señala que en los territorios rurales priorizados por sus afectaciones en la guerra, el incumplimiento tiene efectos políticos más profundos. “Confirma la percepción histórica de abandono Estatal y facilita que los grupos armados recuperen territorios”. Sobre los excombatientes, señala que el riesgo no es solo la seguridad, sino la continuidad de sus proyectos económicos.Esta semana, a propósito de los 10 años del Acuerdo, la Contraloría de la República advirtió que entre 2017 y 2026 el Estado destinó 138,11 billones de pesos para su implementación, el 65% de lo que el propio Gobierno proyectó en 2017 y apenas el 37% del total necesario. El Acuerdo, en otras palabras, ya llega al plan de recortes. Por ello, el Gobierno Petro ha intentado dejar asegurados algunos rubros. Por ejemplo, ante las dos primeras sentencias de segunda instancia de la JEP, destinó 50.000 millones de pesos (15,5 millones de dólares) para poner en marcha las sanciones, que son los trabajos restaurativos que los máximos responsables deben cumplir. Es un dinero que quedó comprometido, pero que tiene su continuidad en veremos.