El lunes pasado, en la Casa Rosada, el Presidente dedicó varias horas a explicarles a sus legisladores el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, el texto que el gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas y que integra los compromisos firmados con el FMI. Según lo presentado por el propio Ejecutivo, la propuesta reduce el mandato de la entidad a un único objetivo, preservar el valor de la moneda; prohíbe todo financiamiento directo o indirecto al Tesoro; elimina las letras intransferibles; restringe el giro de utilidades del BCRA y crea sanciones para quienes autoricen emisión. La referencia histórica es transparente: la carta orgánica de 1992, sancionada junto con la ley de convertibilidad, decía prácticamente lo mismo. Aquella arquitectura entregó una década de estabilidad de precios acompañada de fábricas cerradas, desempleo de dos dígitos y una salida traumática en 2001. Treinta y cuatro años después, el oficialismo propone una convertibilidad de hecho: un uno a uno con una lógica similar en el BCRA aunque sin la caja de conversión, un ancla nominal blindada por ley, la política monetaria y fiscal atadas, y el nivel de actividad como única variable de ajuste.