Análisis Exclusivo suscriptores Durante dos años dirigió la Unipep, la unidad creada para acompañar desde la institución la implementación de la política de paz del Gobierno.Brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo Foto: ArchivoSUBEDITOR DE JUSTICA18.07.2026 22:01 Actualizado: 18.07.2026 22:01
‘Silenciar una voz crítica sobre la ‘paz total’. Esa sería una de las razones que llevaron a la brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo hasta el despacho del director general de la Policía Nacional, general William Rincón, en la tarde del pasado miércoles, para recibir la notificación que puso fin a más de tres décadas de servicio en la institución. La oficial, quien hasta ese momento se desempeñaba como jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), fue anunciada del “llamamiento a calificar servicios” mediante el Decreto 0722 de 2026, firmado el pasado 7 de julio por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Su salida no se produjo en un momento cualquiera. Ocurrió al cierre de una serie de barridas en la cúpula militar y policial durante el actual Gobierno, que ha significado la ‘purga’ de más de 80 generales y almirantes de las Fuerzas Militares y la Policía. En varios de esos casos, los oficiales retirados han afirmado que sus salidas estuvieron precedidas por desacuerdos sobre la implementación de la política de 'paz total'. El Gobierno, por su parte, ha sostenido que esos relevos responden a decisiones propias del ejercicio del mando.Oriunda de Bogotá y odontóloga de profesión, Pinzón construyó su carrera en la Policía Nacional al frente de distintas áreas de la institución. Dirigió la Dirección de Sanidad, comandó la Región de Policía No. 4, con jurisdicción en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y ocupó cargos en la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de Incorporación y el Departamento de Policía Santander. También prestó servicios en el Inpec, en comisión desde la Inspección General. En junio de 2024 asumió la dirección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), creada para articular la participación de la Policía en la implementación de la política de paz y servir de enlace entre la institución, las comunidades y los procesos impulsados por el Gobierno.La general Sandra Pinzón dejó por escrito sus reparos a varias decisiones de la 'paz total'. Foto:Archivo particularDesde esa posición, según documentos conocidos en exclusiva por EL TIEMPO, comenzaron a surgir diferencias entre la oficial y algunos delegados gubernamentales encargados de las negociaciones con organizaciones armadas ilegales. Los informes indican que la oficial Pinzón insistía en que la participación de la Policía debía mantenerse dentro de los límites establecidos por la ley y que cualquier actuación operacional requería un soporte jurídico suficiente para evitar responsabilidades posteriores de los uniformados. Esa posición quedó consignada de manera reiterada en informes internos, memorandos y documentos que, según las fuentes consultadas, también reposan en carpetas de contrainteligencia.Objeciones a las negociacionesUno de los primeros desacuerdos se produjo cuando se planteó que la Policía acompañara caravanas en las que se movilizarían integrantes de organizaciones armadas ilegales. De acuerdo con los documentos, la general sostuvo que ese tipo de dispositivos solo podían desarrollarse cuando existiera un respaldo jurídico derivado de decisiones administrativas, como la suspensión de órdenes de captura o la designación formal de gestores de paz. Su posición quedó expuesta durante el episodio conocido como la “caravana de la UNP”, ocurrido en Antioquia en julio de 2024, tras el cual fue citada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para entregar explicaciones.Las diferencias también afloraron después de la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. "La oficial se opuso a que fuera trasladado y recluido en instalaciones de la Policía Nacional, específicamente en la Escuela de Posgrados (Espol), luego de que fuera detenido el 12 de febrero de 2025 al salir de una sesión de negociación con delegados del Gobierno en Bogotá", dijo una fuente de la institución a este diario.Los documentos señalan que Pinzón advertía de manera constante sobre vacíos jurídicos en distintas actuaciones relacionadas con la ‘paz total’. En uno de esos informes quedó consignado que la oficial se convirtió “en un obstáculo” para algunas decisiones impulsadas por los delegados gubernamentales, debido a su insistencia en dejar constancia escrita de los riesgos legales que, a su juicio, enfrentaban los funcionarios encargados de ejecutar varias de las medidas acordadas.Alertas sobre CatatumboLos reparos no se limitaron a un solo proceso. Durante las conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, estructura comandada por alias Calarcá, la general dejó constancia de que la ubicación de algunas Zonas de Ubicación Temporal en el Catatumbo “respondía a intereses estratégicos del Frente 33” y advirtió que la Fuerza Pública podría terminar favoreciendo posiciones de esa organización armada.Diferentes fuentes de la Policía también manifestaron que la oficial registró observaciones sobre el comportamiento de esa estructura durante los ceses al fuego. "Allí señaló la expansión territorial del grupo, el incremento de las extorsiones y el fortalecimiento de mecanismos de control sobre la población civil, aspectos que, según los informes, debían ser considerados antes de adoptar nuevas decisiones dentro del proceso de negociación", indicaron.Desacuerdo por el ‘tarimazo’En Medellín, durante los acercamientos con estructuras criminales del Valle de Aburrá, la oficial también expresó reparos frente a la participación de integrantes de bandas delincuenciales en actos públicos relacionados con el proceso de paz, entre ellos el denominado ‘tarimazo’. Los documentos indican que buscó evitar que la Policía asumiera responsabilidades institucionales o transmitiera una imagen de respaldo a escenarios cuya conducción correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional.Informes internos revelan las diferencias entre la exjefe de la Unipep y delegados del Gobierno. Foto:ArchivoAlgo similar ocurrió durante el proceso adelantado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘los Pachenca’. Allí, según las fuentes, insistió en que actuaciones como la recepción o entrega de armamento "debían contar con protocolos y soportes jurídicos suficientes para proteger a los funcionarios encargados de ejecutarlas y evitar eventuales responsabilidades disciplinarias o penales".Episodio de TumacoUno de los momentos de mayor tensión se presentó durante las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura vinculada a la Segunda Marquetalia con presencia en Nariño.Según uno de los documentos, la Policía fue requerida para garantizar la seguridad de varias reuniones realizadas en el corregimiento de Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco. Allí, de acuerdo con los reportes, integrantes del grupo armado ilegal solicitaron que los uniformados prestaran el servicio vestidos de civil, “sin fusiles visibles y portando únicamente armas cortas ocultas”.La general rechazó esa posibilidad y en los informes sostuvo que los dispositivos de seguridad debían definirse con base en criterios técnicos y operacionales propios de la Policía Nacional y no a partir de exigencias formuladas por una organización armada ilegal. Esa postura, según los documentos, dio lugar a llamados de atención internos y a presiones para modificar el esquema inicialmente dispuesto.Además, en diferentes escenarios, la oficial advirtió un “creciente desorden” en el desarrollo de los diálogos, especialmente por la participación de delegados de grupos armados ilegales que, tras ser beneficiados con excarcelaciones para asistir a las negociaciones, presuntamente regresaron a actividades criminales en lugar de contribuir al proceso de paz.El informe cita como ejemplo los casos de “Ángela Izquierdo” y “Óscar Barreto”, quienes, luego de salir de prisión e integrar la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor Central (disidencias de ‘Iván Mordisco’), abandonaron las conversaciones y habrían terminado conformando una estructura criminal identificada como el ‘frente 57 Jair Bermúdez’.Los documentos muestran además que buena parte de las diferencias giraban alrededor de una misma discusión: hasta dónde podía llegar la participación de la Policía dentro de los procesos de negociación sin desbordar el marco legal vigente.La general insistía en que cada actuación debía tener respaldo legal. Foto:ArchivoEL TIEMPO consultó a la Policía con el fin de conocer su posición frente a la salida de la general y obtener una respuesta oficial, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió pronunciamiento por parte de la institución.Jesús BlanquicetRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
