Punitivismo, crisis penitenciaria y los límites de la justicia: artículo de Mario Luis Fuentes
Las cifras muestran además que 42.2% de las personas privadas de la libertad permanecían sin sentencia; es decir, casi una de cada dos personas encarceladas se encontraba todavía bajo la presunción constitucional de inocencia.
Por Mario Luis Fuentes
Los datos recientemente publicados por el INEGI sobre los sistemas penitenciarios del país merecen una reflexión profunda, no sólo desde la perspectiva de la seguridad pública, sino también desde el análisis de la justicia, los derechos humanos y la construcción de la paz. Los datos son contundentes: durante 2025, los ingresos a los centros penitenciarios aumentaron 19.2% Detrás de esa cifra se encuentra una realidad compleja que obliga a cuestionar si el crecimiento de la población penitenciaria constituye un indicador de éxito institucional o, por el contrario, evidencia las limitaciones estructurales de nuestro sistema de justicia.
Las cifras muestran además que 42.2% de las personas privadas de la libertad permanecían sin sentencia; es decir, casi una de cada dos personas encarceladas se encontraba todavía bajo la presunción constitucional de inocencia. Al mismo tiempo, los centros penitenciarios estatales registraron una ocupación promedio de 119.2 personas por cada 100 espacios disponibles, mientras que los federales reportaron una ocupación de 72.4 por cada 100 espacios. Estos datos revelan una presión particularmente intensa sobre los sistemas penitenciarios estatales, precisamente aquellos donde durante décadas se han documentado fenómenos de autogobierno, corrupción institucional, violencia sistemática y operación de organizaciones criminales desde el interior de los propios centros de reclusión.
