El 1 de enero los 43 establecientos educacionales públicos de Santiago pasaron de ser administrados por el municipio a estar bajo el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro. Pero, a pesar del cambio, los problemas de violencia que desde hace años arrastra la educación pública capitalina no han cesado. Y ahora, habiendo cumplido su primer semestre a cargo de los recintos, la directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales, plantea los principales desafíos que se enfrenta su institución. “Tuvimos una presencia importante para ir generando las confianzas con las comunidades educativas. Vemos que hay una alta participación y motivación por parte de apoderados, estudiantes y equipos directivos por poder ser parte de esta instalación. Hay distintas necesidades en los 43 establecimientos”, dice, catalogando al mismo tiempo de “compleja” la violencia. ¿Qué han hecho, además de las querellas, para enfrentarla?En estos cuatro o cinco liceos donde hemos presenciado situaciones de violencia vamos por la quinta querella, estamos aplicando los reglamentos, las expulsiones, Aula Segura. En el Instituto Nacional llevamos más de 15 expulsados por esto. Hay un trabajo coordinado con los centros de padres también. Pero me gustaría distinguir los temas: uno es el de las tomas, que generalmente hay interlocutor y petitorios. Y el otro son las salidas de capuchas y hechos de violencia. Ahí no hay petitorio y no hay conversación por nuestra parte. No voy a dialogar con un capucha o con quien está cometiendo un delito. Avances con ellos no hay, porque no hay espacio de conversación y no lo vamos a tener. ¿Cómo se frena entonces una situación así? A pesar de las querellas, a pesar de las expulsiones, los hechos siguen sucediendo.Hay procesos de investigación del Ministerio Público orientado a los liceos emblemáticos, en poder identificar los orígenes de estas situaciones. Estamos en coordinación con ellos, con Carabineros, con la Delegación. Diariamente estamos en una mesa de trabajo. Nuestro foco está en erradicar la violencia de los liceos. Vamos con abogados y les explicamos a los estudiantes. Yo les digo que también quiero educación de calidad, pero eso no puede ocurrir cuando se vulnera el derecho a un otro. Tenemos una mirada de aplicar los reglamentos y Aula Segura. Tenemos la oportunidad de trabajar coordinadamente con el intersector. Desde que ocurrió lo del INBA el Ministerio Público tomó el liderazgo y ha habido avances importantes.Si bien no es su rol, ¿han identificado adultos, gente externa? Vemos que hay externos e internos, adultos de todas las edades vinculados. Unos planifican y otros actúan. ¿Y qué buscan?Desde la suspensión de clases porque sí, vivir la experiencia, pero no sabemos más si no hay un petitorio, nadie se lo adjudica. Pero cuando vemos que todos andan con el mismo overol, que llegan con herramientas de $300.000, con esa cantidad de bencina, hay financiamiento detrás. No podemos ser ingenuos. Hay una planificación. Deben tener otros otras motivaciones, pero hoy día las desconocemos. Usted no rehúye de Aula Segura. No. Y dijo que Aula Segura que se quedaba corta. No es para delitos. No es para los capuchas. No fue creada pensando en porte de bencina o un fuego artificial. Pero no hay que olvidarse que estamos educando también. FOTO PABLO VASQUEZ R. PABLO VASQUEZ R. ¿Se deben seguir legislando medidas para este tipo de hechos violentos en colegios? Hay que seguir legislando, sin duda. Sin embargo, hay que entender los roles de cada uno. El nuestro no puede salir de la escuela. Tiene que seguir en la seguridad de la comunidad estudiantil, pero sin perder el foco en los aprendizajes. Si perdemos ese foco no tiene sentido una escuela o un liceo, que es el espacio formativo, que es donde además, sin minimizar los hechos, otros 3.000 estudiantes siguen sus clases. ¿Hay que legislar? Sí, se requiere con urgencia. Pero también buscando los focos desde dónde y desde quiénes.A propósito de roles, Fiscalía, ministra Arzola, delegado Codina, alcalde Desbordes, ministro Arrau, Carabineros, ¿se han involucrado lo suficiente?Estamos muy involucrados. Sin exagerar, tenemos reuniones diarias con el delegado, las seremis de Seguridad y Educación, el director de Educación Pública, Carabineros. Estamos muy coordinados y con un apoyo importante al SLEP, porque se entiende que esto es intersectorial. Aquí necesitamos llegar al origen de esto que lleva 10 años y más instalado en la comuna.¿Usted ha recibido amenazas?No.¿Y las comunidades educativas?En el momento de las salidas. Cuando ocurre la salida de capuchas y es bien ingrato lo que ocurre ahí. Uno podría decir ‘¿cómo nadie los frena?’. Pero cuando se ve a una persona que no se identifica con una molotov en la mano... hay docentes que han sido rociados con bencina, les han tirado cadenas, los han vulnerado físicamente. No es fácil. Con el alcalde de Santiago Mario Desbordes el tránsito ha sido complejo, él dice que se ha retrocedido, ¿cómo responde?Hemos avanzado y seguimos aplicando Aula Segura, seguimos aplicando expulsiones, hemos presentado querellas. Hay hechos concretos en donde se evidencia que nos estamos haciendo cargo. Al no ser sostenedor por supuesto que hay información que él no maneja y que no tiene por qué saberlo. Es como que yo me pusiera a opinar de aseo y ornato del municipio. Él habla un poco desde no conocer los ritmos, los procesos y las acciones.Hace poco él era el sostenedor. Él responde a una institucionalidad municipal. Yo a una que es formativa. Hay facultades distintas. Por ejemplo, en las tomas la facultad que tiene un alcalde para solicitar desalojo es directa a Carabineros. La facultad de un SLEP es a través de la Delegación Presidencial. Hay un paso más. Y todas las tomas han sido desalojadas. Tal vez la percepción es que él podía responder más rápido porque su figura es distinta.La Ley de Convivencia Escolar, entre otras cosas, permite detectores de metales en colegios. ¿Cómo avanza eso en Santiago?La ley señala que cualquier medida debe ser aprobada por la comunidad. Nosotros le solicitamos a los directores que presentaran un plan. Pero, en general, son medidas de convivencia y de regular a los apoderados.¿Pero vamos a ver pórticos en Santiago?No lo sé con claridad, pero si se requiere, lo vamos a hacer. Si la comunidad educativa lo solicita tenemos que avanzar en eso.