El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) enfrenta una investigación en donde es imputado de fraude al Fisco. Pese a que la indagatoria se reabrió, el Ministerio Público ya reveló que ha encontrado elementos suficientemente graves para acusarlo, ir a juicio oral y pedir 12 años de cárcel en su contra por un fraude de $ 105 millones. Según el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, el parlamentario montó una “maquinación fraudulenta” para afectar al Fisco. El persecutor insiste en que Calisto fingió la contratación de la asesora Carla Graf con cargo a dineros del Congreso, sin que ella realizara labor alguna. Todo para beneficiarse personalmente de ese dinero.Según el senador, las diligencias ordenadas a raíz de la reapertura del caso permitirían derrumbar la teoría del fraude. ¿Hay margen para eso? Estamos obligados a investigar todos los hechos, tanto aquellos que permitan establecer o agravar la responsabilidad de los imputados como también aquellas circunstancias que permitan atenuar, disminuir o eventualmente exculparlos de los hechos.Pero el Ministerio Público ya tiene una convicción, por algo ingresó la acusación anteriormente.La verdad es que los antecedentes que obran al día de hoy en la carpeta investigativa son sólidos y contundentes. No se ve fácil que pueda variar aquello. No obstante ello, estamos investigando.A raíz de la reapertura de la investigación, la Corte de Puerto Montt dejó sin efecto la revisión del desafuero, aunque ustedes plantearon que igualmente podría haberse visto ¿Cómo avizoran ese escenario? Cuando al senador se le formalizó, él indicó que no renunciaría al fuero parlamentario porque este es irrenunciable. Sin embargo, posteriormente él renunció parcialmente al fuero para que a solicitud de la Fiscalía el juez decretara arraigo a su respecto. En consecuencia, para nosotros él está desaforado. Acá no puede estar renunciando al fuero cuando le convenga.¿Entonces por qué cuando presentó la acusación ingresó en paralelo esta segunda solicitud de desafuero? Es que nosotros acá no queremos correr absolutamente ningún riesgo. Y si es que se procediera al nuevo cierre y se procediera a formular acusación, del mismo modo se va a solicitar nuevamente el desafuero. A pesar de que consideramos que está desaforado. Es más, estimando nosotros que ya se procedió por estos mismos hechos al desafuero del señor Calisto y teniendo en estos momentos antecedentes aún más contundentes, estimamos que con mayor razón debiera procederse al desafuero, si se requiriera.Fiscal Hernán Libedinsky. La defensa alega que la Fiscalía se apresuró, que hubo un cierre intempestivo. Por lo mismo, presentaron un recurso de inaplicabilidad en el TC. ¿Qué responde ante ese reproche?A nuestro juicio, en ningún caso puede hablarse de un cierre intempestivo o sorpresivo. Al momento del cierre no había diligencia alguna pendiente. El 25 de junio la Fiscalía procedió al cierre de la investigación y formuló acusación sin que la defensa hubiera solicitado diligencias dentro del plazo legal. Además, la defensa del senador no puede alegar sorpresa respecto de lo declarado por la señora Graf y el señor Cárcamo el mes de junio, precisamente porque ellos ya habían señalado que las asesorías no se habían prestado en las declaraciones del mes de abril y la defensa conocía estas declaraciones. Pero no hicieron nada, salvo pedir copia. ¿O sea no debiese tener éxito el requerimiento ante el TC?La decisión sobre el momento del cierre de la investigación no puede quedar entregada a la mera voluntad, al capricho o al antojo del defensor de uno de los imputados. Creemos que lo que busca la defensa del senador recurriendo al TC es obtener la suspensión del procedimiento, ganar tiempo y dilatar todo cuanto sea posible a fin de que no se proceda al desafuero y se impida llevar la causa a juicio, que es lo que nosotros esperamos. Creemos que debiera ser declarado inadmisible.¿Cómo estima que ha procedido la defensa del senador? En entrevista con T13 el CDE indicó que no han colaborado. Comparto y concuerdo plenamente con lo señalado por el CDE. Y es más, aquí hay personas cercanas o de algún modo vinculadas al parlamentario que habrían hostigado y amedrentado a algunos testigos en esta causa. Así que eso está evidentemente lejos de ser un ánimo colaborativo.La defensa ha insistido en que la asesoría de Carla Graf existió y que el Congreso así lo acreditó. ¿Cómo pretenden refutar esa versión? En un principio la teoría de la defensa decía que eran asesorías orales, aunque resulta muy difícil sostener que asesorías en materias demográficas o socioeconómicas, por ejemplo, sean prestadas en ese formato. La verdad es que el control que ejerce el Congreso en esta materia es una revisión meramente formal y no de fondo. Es básicamente un check list. Ahora, si es que el senador tuviese el respaldo, bueno, sería bastante relevante para la investigación que después de cinco años pudieran aportarlo. Calisto pone como respaldo los reportes enviados al Congreso. ¿Eso es suficiente?Aparte de declaraciones de testigos, hay peritajes documentales, caligráficos y contables que dan cuenta de que acá no hay ningún tipo de asesoría que haya sido prestada por la señora Carla Graf, lo que finalmente fue ratificado por ella misma en dos declaraciones que prestó en presencia de su abogado defensor, corroborando que efectivamente esto obedeció a un mecanismo para defraudar al Congreso.¿A qué conclusión llegan esos peritajes?Cuando cambió la estrategia de la defensa y vieron que las asesorías verbales no eran sostenibles, acompañaron documentos escaneados que no tenían ni fecha ni firma. Esto lo acompañaron un poco antes de que se diera el desafuero por la Corte Suprema. Eso nos llamó poderosamente la atención y, por lo mismo, solicitamos de inmediato un peritaje documental a la PDI. El peritaje concluyó que era imposible que esos informes fueran elaborados por su asesora Carla Graf a la época en que ella supuestamente prestó estas asesorías, que fue entre el año 2018 y 2022, porque contenían información que solamente estuvo disponible a partir del año 2023. Después, respecto de los formularios tipo que se acompañan al Congreso, donde supuestamente se daría cuenta de la prestación de estas asesorías, hay firmas que no corresponden a la señora Carla Graf.Calisto, además, dice que hay unos WhatsApp que probarían la teoría que han sostenido. ¿Qué valor dan ustedes a eso?No puedo ahondar mucho sobre ese punto, porque es justamente una de las materias que están siendo investigadas a la luz de la reapertura que se decretó de la investigación.¿Pero conversaciones de WhatsApp servirían para validar una relación laboral de cuatro años de asesoría?La verdad es que existirían unas conversaciones de WhatsApp que no dicen relación con asesorías parlamentarias, que son muy circunscritas o limitadas y que, por lo menos hasta ahora, aparecen como absolutamente insuficientes para demostrar que estas asesorías se habrían prestado por esa vía. Fiscal Hernán Libedinsky. El senador también sostiene que las declaraciones de Cárcamo y Graf están motivadas por sus intenciones de salir de prisión preventiva. ¿Cómo corroboraron que lo que sostienen ambos imputados es verídico y no una invención para obtener esos beneficios? La ley consagra expresamente atenuantes o aminorantes de responsabilidad para aquellos imputados que colaboran con la investigación. Estos beneficios legales no significan en modo alguno impunidad. Ahora, en este caso concreto, lo declarado voluntariamente por el señor Cárcamo y la señora Graf no vino sino a confirmar aquello que nosotros ya sabíamos y ya conocíamos en base al cúmulo de antecedentes.A ambos los siguen persiguiendo penalmente entonces. La ley no permite en este caso una salida alternativa como la que fue propuesta por la defensa del senador a la Fiscalía en torno a una eventual suspensión condicional del procedimiento. Quiero ser claro, esta causa va a terminar con una condena o por absolución, porque esa es una decisión que corresponde a los tribunales de justicia en base a las pruebas y a las evidencias rendidas en un juicio oral. Pero nosotros no vamos a aceptar ni permitir que esta causa termine con una firma o con clases de ética.¿Qué delitos se investigan en las otras aristas derivadas del caso principal? Lo que puedo señalar por ahora es que se trata de cuatro aristas que se siguen por los hechos que fueron denunciados, en este caso por los coimputados. Se decretaron una serie de diligencias que están en curso. Lo que se está investigando hasta el momento son eventuales delitos de cohecho, de tráfico de influencias y de fraude al Fisco.¿Una de ellas involucra al exfiscal Carlos Palma?Nosotros vamos a investigar todos los hechos que estén contenidos en esas declaraciones y que puedan revestir caracteres de delito.¿Carlos Palma se mantiene como imputado?Si a una persona efectivamente se le atribuyen hechos que puedan revestir caracteres de delito, en ese evento tiene la calidad de imputado.Cárcamo da cuenta de que él crea una fundación a petición de Calisto para una caja pagadora y sostiene que no solo se beneficiaban ellos, sino que también un tercero que es Felipe Klein y también la diputada Joanna Pérez. ¿Ellos mantienen calidad de imputados en esta investigación?Esos hechos están siendo investigados.En entrevista con La Tercera, el senador lanzó varias críticas al rol de la Fiscalía cuando investiga a parlamentarios, diciendo que debiesen hacer bien su trabajo y revisar sus actuaciones en tanto pueden afectar los quórums en el Congreso y la democracia. ¿Qué responde a ese reproche? El Ministerio Público investiga la corrupción sin miramiento ni contemplación respecto del cargo o posición que tenga u ostente la persona investigada. Investigamos conforme al principio de objetividad y ejercemos la acción penal sin hacer cálculo alguno sobre quórums parlamentarios. Eso escapa y es ajeno por completo a nuestras consideraciones y a nuestras decisiones. No ha existido absolutamente ningún sesgo ni ninguna alevosía.¿Cree que la defensa sí cae en esos cálculos a los que hace referencia?Los tiempos de la política no necesariamente coinciden con los tiempos investigativos y los tiempos judiciales. Nosotros creemos que han existido prácticas o maniobras dilatorias de la defensa. Si ello obedece a ese cálculo que usted señala, no me corresponde a mí evaluarlo ni calificarlo.