“Jamundí es una pequeña república independiente donde mandan las disidencias de las Farc”. Esta descripción, contundente y perturbadora, forma parte de un informe entregado por una organización de derechos humanos a organismos internacionales y a autoridades locales al que SEMANA tuvo acceso. Aunque la frase pudiera sonar exagerada para quien nunca ha pisado la zona rural de ese municipio del sur del Valle del Cauca, la realidad documentada durante los últimos cuatro años confirma que no lo es. Y ese, precisamente, será uno de los primeros y más difíciles retos que deberá enfrentar el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien fue proclamado presidente electo de Colombia el pasado 24 de junio y asumirá el poder el 7 de agosto.Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.Durante su campaña, De La Espriella construyó buena parte de su discurso alrededor de la promesa de “recuperar la autoridad del Estado” en los territorios copados por grupos armados ilegales, y anunció que su gobierno no dará continuidad a procesos de negociación con estructuras como el Estado Mayor Central, la organización que lidera Iván Mordisco. Ningún caso ilustra mejor la magnitud de ese desafío que Jamundí, un municipio que queda a menos de 30 minutos de Cali, la tercera ciudad más importante del país, y que, sin embargo, funciona, en su zona rural alta, bajo reglas paralelas impuestas por el frente Jaime Martínez de las disidencias.La trampa del negocio: así es la nueva modalidad de secuestro donde las disidencias citan personas a Cali y las retienen en JamundíLos testimonios recogidos en terreno y documentados en distintas investigaciones periodísticas coinciden en un mismo patrón: en las veredas altas de Jamundí, los hombres de Mordisco no solo controlan el territorio militarmente, también administran la vida civil. Imponen normas de convivencia, resuelven conflictos vecinales, regulan el tránsito de vehículos y personas y, en uno de los episodios más reveladores, llegaron a expedir su propio documento de identidad. Así, buena parte de la población de esa zona termina teniendo dos cédulas: la expedida legalmente por la Registraduría Nacional y otra, paralela, otorgada por la estructura armada, que en la práctica funciona como el verdadero salvoconducto para moverse, trabajar o simplemente sobrevivir en el territorio.Ese doble registro no es un hecho aislado. Es la manifestación más clara de que el Estado colombiano perdió, hace años, el monopolio de la autoridad en esa franja del país. A eso se suma una economía ilegal robusta: se calcula que entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca existen más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, un verdadero enclave cocalero que conecta a Jamundí con municipios como Buenos Aires, en el Cauca, y que convierte a esa subregión en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico.Las disidencias de Iván Mordisco quintuplicaron sus hombres en armas en los últimos cuatro años. El reclutamiento de menores está disparado en esa región del país.