Mientras en Tribunales pisan el acelerador sobre las investigaciones patrimoniales, el Gobierno decidió levantar el pie del “freno burocrático”. En un día clave donde la Justicia recibió informes periciales pesados sobre los números de Manuel Adorni y Martín Insaurralde, la Oficina Anticorrupción (OA) les dio un mes más de aire a los funcionarios públicos para presentar las declaraciones juradas de este año. El argumento oficial se ampara en la Ley de Ética Pública, donde se corrió el vencimiento del 31 de julio al 31 de agosto. A través de un comunicado, el organismo lo justificó diciendo que necesitaban dar un "período razonable", sobre todo porque la ex AFIP (ahora ARCA) recién estiró hasta el 27 de julio el cierre de Ganancias y Bienes Personales. Como el formulario de la OA se arma casi solo con esos datos, a los funcionarios les quedaban apenas cuatro días hábiles para cumplir con el trámite digital, donde tenían que cargar los números de su riqueza a mano. La medida aparece luego de que Adorni renunciara a su cargo Este guiño con los tiempos hace ruido en los pasillos de Comodoro Py, donde los papeles del pasado ya no cierran con el nivel de vida de varios investigados. El fiscal Gerardo Pollicita acaba de recibir el análisis fino de la DAFI sobre cómo se movió la plata de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti. Este informe de inteligencia financiera deja al descubierto agujeros grandes en la justificación de ingresos desde que el ex vocero se sumó al gobierno de Javier Milei, confirmando las sospechas que ya venían manejando en la fiscalía.