Un expediente de 600 páginas y un vacío temporal exponen el grado máximo de encubrimiento institucional. A más de un año de la brutal represión frente al Congreso, la querella que representa al fotoperiodista Pablo Grillo sacó a la luz una escandalosa manipulación de las pruebas. Al recibir la transcripción oficial de las comunicaciones de las fuerzas de seguridad correspondientes al 12 de marzo de 2025, los abogados denunciaron que la Policía Federal habría suprimido de los registros los 59 minutos exactos en los que el trabajador de prensa recibió el disparo en la cabeza que lo dejó al borde de la muerte. La abogada Claudia Cesaroni, quien patrocina a la familia junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue la encargada de visibilizar la maniobra. Durante la lectura del informe, la letrada repasó decenas de páginas con reportes rutinarios y saludos protocolares de los agentes, hasta que detectó un salto abrupto: el texto se cortaba a las 17:00 y se reanudaba inexplicablemente a las 17:59. "Me parecía imposible tal muestra de descaro, de provocación y de caradurez", marcó la representante legal a través de su cuenta de X, y admitió que en un primer momento creyó estar leyendo mal, ante semejante impunidad. El primer posteo del hilo que Cesaroni compartió en su cuenta de X Lo que ocurrió durante ese bache temporal deliberado está probado, según explica, en el expediente judicial. Fue exactamente en esa franja horaria cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una granada de gas lacrimógeno directamente hacia los manifestantes. Las pericias confirmaron que el proyectil viajó a 280 kilómetros por hora en una trayectoria recta y sin rebotes, impactando en la frente de Grillo. El golpe le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, obligándolo a pasar tres meses en terapia intensiva.