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El nuevo ciclo de altos precios del cobre y el oro vuelve a poner al Perú en el radar de las inversiones extractivas. Sin embargo, para el Observatorio de Conflictos Mineros, este escenario también podría traducirse en una mayor presión sobre comunidades y recursos como el agua, en momentos en que el próximo gobierno plantea acelerar la ejecución de proyectos.
Las cifras entre mayo de 2025 y mayo de 2026 revelan que las concesiones mineras crecieron en 2,68 millones, hasta alcanzar 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del territorio nacional. La expansión fue especialmente intensa en Apurímac, donde el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente.
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"Estamos en un contexto muy favorable", resumió José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, durante la presentación del informe. No obstante, advirtió que ese escenario "se puede traducir en mucha presión y muchas tensiones en los territorios" si el crecimiento de la actividad minera no va acompañado de reglas claras y de una adecuada gestión de los impactos sociales y ambientales.
