Información suministrada por el financista K Ernesto Clarens. Un importante grupo de empresarios. Cheques cobrados en efectivo por ventanilla. Dinero sobre el cual se perdió la trazabilidad. Créditos fiscales dudosos. Son algunas de las observaciones que funcionarios del ARCA detectaron cuando en el marco de la causa Cuadernos la justicia les ordenó que fiscalicen a las compañías y directivos acusados de pagar sobornos entre 2003 y 2015. El Ministerio Público Fiscal, en el juicio, sostiene la tesis del requerimiento de elevación: los empresarios fueron beneficiarios de la maniobra de corrupción. Este jueves se analizaron dos casos concretos: el de Aldo Roggio y Carlos Wagner, ambos imputados colaboradores en el expediente.La elevación a juicio que comenzó a escucharse el 6 de noviembre del año pasado, cuando se dio inicio al debate oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), sostiene que la acusados integraron “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.Se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente entre contratistas y concesionarios del Estado.Aldo Benito Roggio fue uno de los empresarios que brindaron colaboración a la justicia con sus confesiones. Se refirió a las “exigencias” y presiones del gobierno kirchnerista para que pague sobornos.“Nunca pretendí torcer la voluntad de algún funcionario público ni los requerimientos que sufrí se vinculaban con la actividad funcional. Desde mi función como presidente de BRH siempre obré con cautela y prudencia frente a una gestión de gobierno de neto corte autoritario (que además nunca consideró debidamente a la empresa pese a su trayectoria y antecedentes) obviando asumir riesgos empresarios que pudieran comprometer la normal actividad de la compañía”, sostiene su aporte como imputado colaborador.Sobre este grupo empresarial brindó detalles este jueves Enrique Bejarano, administrador tributario y funcionario de ARCA. El testigo fue interrogado por el fiscal auxiliar, Nicolás Codromaz, quien le pidió que relate si recordaba el nombre de alguna de las compañías que por oficio judicial debían fiscalizar para determinar si hubo “movimientos financieros espurios” por parte de un extenso listado de compañías y empresarios. Muchas de ellos fueron proporcionados por el financista K Clarens, cuando se convirtió en imputado colaborador.“A mí me asignaron el grupo Roggio, para determinar si había financiamiento espurio por partes de ese holding”, expresó el testigo ante el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.Uno de los puntos llamativos, según relató Bejarano -y que derivó en un informe confeccionado por la AFIP en 2018- “fue el retiro de efectivo por ventanilla con cheques”.El comportamiento despertó sospechas: “Eran cheques consecutivos, en un mismo día y siempre con el mismo cajero. Operaban con el Banco Macro”. Ese accionar fue observado por el organismo recaudador.Al avanzar con su declaración testimonial, también aportó que en la fiscalización “se verificaron esos retiros de dinero por ventanilla, con el rubro de los asientos contables de caja, para saber si la empresa tenía esos montos o algunos aproximados. Pero no coincidían, era muy inferior a lo extraído”.Cuando el representante del Ministerio Público Fiscal le consultó qué ocurría una vez que ese dinero era retirado, el administrador tributario consignó que “una vez que el dinero se retira del Banco se pierde la trazabilidad”. Los cheques expuestos a lo largo del juicio, documentación que constituye la prueba del expediente, detallaron ese comportamiento durante seis meses consecutivos.La sospecha central de la fiscalía es que las compañías involucradas en la maniobra de corrupción que se juzga no eran “víctimas que operaban bajo extorsión de los funcionarios, sino que eran beneficiarios del sistema”. Es decir: no sólo se garantizaban la continuidad de obras, contratos, concesiones, sino que además “obtenían ganancias patrimoniales personales como también para las compañías”, como describió una fuente judicial.Por su lado, el testigo Federico Sarciat, contador y ex integrante del organismo recaudador, le explicó al fiscal Codromaz que en 2018 (cuando inició la investigación del caso Cuadernos) ingresó a la ex AFIP un oficio del juzgado de Bonadio "vinculado a la causa Cuadernos” y contó que en él se les pedían dos cuestiones: financiamiento espurio de las empresas y chequear sus movimientos de fondos”.Cuando se le consultó sobre las tareas realizadas, el testigo contó sobre los proveedores apócrifos “entre UTEs y demás había un grupo importante de empresas, y también analizamos movimientos de fondos y tenencia de fondos”.En esa línea de interrogación, recordó a la empresa ESUCO, que pertenecen al grupo del Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción.El empresario fue el responsable de “diagramar el funcionamiento y poner en práctica el sistema de recolección ilegal en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Viales”. El esquema consistía en nominar a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos.En ese marco, se acusó a Wagner de “participar y orquestar la estructura para facilitar la selección directa de determinadas empresas, dejando de lado las vías administrativas que debían cumplirse”. El procedimiento era garantizado por el presidente de la Cámara de la Construcción, y con ese mecanismo también se determinaban los pagos ilegales que las empresas debían hacer.La fiscalización sobre este grupo de empresas vinculadas a Wagner reflejó “créditos fiscales dudosos, no confiables”. Ante la consulta de la fiscalía, el testigo señaló que esa circunstancia “no siempre permite saber el destinatario, beneficiario final de esos fondos”.También indicó que el holding tuvo “operaciones con proveedores apócrifos, una parte con impugnación y otra parte la entonces AFIP no logró impugnar por diversos motivos”.Cuando Wagner se convirtió en imputado colaborador, ante la justicia federal contó cómo se instauró el circuito de cartelización en el marco de la Cámara. En ese tramo del caso Cuadernos se determinó que hubo pagos ilegales en 175 oportunidades, cuya beneficiaria final fue Cristina Kirchner.El dinero ilegal representó más de 171 millones de pesos. Del otro lado del mostrador, en lo que la justicia federal definió como “pactos venales”, estaban los empresarios que se vieron beneficiados con la adjudicación de obras públicas: sólo a 17 compañías les adjudicaron 355 contratos por más de 37.000 millones de pesos mientras pagaban los sobornos.Las acusaciones que refieren al tramo conocido como la “Camarita” -es decir el mecanismo que posibilitó la cartelización de la obra pública vial- movió más de 30 millones de dólares.Otra de las empresas involucradas en el retiro de fondos, también de Wagner, es Decavial. En audiencias anteriores, se especificó que a lo largo de cuatro años hubo extracciones en dólares por un monto aproximado de 11,8 millones, según las cifras consignadas por los testigos. “El trabajo consistió en aparear esas extracciones con los hechos relatados por Clarens”, añadió la contadora Lanza, quien reiteró que luego de que se retirara el dinero por ventanilla "no sabemos”.