Una embarcación de la Armada chilena durante un patrullaje (Foto: ADN Noticias)La empresa estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), administrada por la Armada de Chile, prestó servicios de mantenimiento y reparación a embarcaciones pertenecientes a la flota pesquera de aguas distantes de China, entre ellas barcos que posteriormente fueron sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con trabajo forzado y violaciones a los derechos humanos. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la organización ambiental Círculo de Políticas Ambientales, que abrió un nuevo debate sobre el papel de Chile frente a una de las flotas más cuestionadas del mundo por prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).El documento, elaborado por el especialista en política oceánica Milko Schvartzman y difundido por el medio especializado SeafoodSource, sostiene que la infraestructura naval chilena ha proporcionado apoyo logístico a un número significativo de embarcaciones chinas dedicadas principalmente a la captura de calamar gigante, una especie clave para el ecosistema marino del Pacífico Sur y para las economías pesqueras de Chile, Perú y Ecuador. PUBLICIDADLa controversia no radica en que la Armada participe en actividades pesqueras, sino en que ASMAR, que es la empresa pública dependiente de la institución naval, ofrezca servicios de mantenimiento, reparaciones y asistencia técnica a barcos cuya actividad es supervisada por la propia autoridad marítima chilena. Para el autor del informe, esa doble función plantea un eventual conflicto de interés, porque la Armada es responsable de controlar y monitorear las operaciones pesqueras en aguas jurisdiccionales del país. Imágenes muestran cerca de 300 embarcaciones pesqueras chinas operando a unas 220 millas de Mollendo, próximas al límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana.El estudio sostiene que el flujo de embarcaciones chinas hacia puertos chilenos aumentó de forma significativa desde finales de 2024. Utilizando información del sistema de identificación automática de buques (AIS) obtenida por Global Fishing Watch, Schvartzman señala que entre enero y septiembre de ese año no existieron recaladas de pesqueros chinos en Chile. Sin embargo, a partir de octubre comenzó un incremento sostenido en las escalas portuarias.PUBLICIDADEl cambio coincidió con la visita oficial realizada en septiembre de 2024 por la entonces ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, a China, donde mantuvo reuniones con autoridades militares y participó en el Foro de Defensa Xiangshan en Beijing. El informe aclara expresamente que no existe evidencia de una relación causal entre ambos hechos, aunque considera que la secuencia temporal amerita un mayor análisis. Según la investigación, durante 2025 las recaladas de embarcaciones pesqueras chinas alcanzaron aproximadamente 200 visitas portuarias. En ese mismo período, la Armada de Chile informó haber inspeccionado 117 buques de bandera china. Los servicios prestados incluyeron mantenimiento mecánico, reparaciones, abastecimiento, cambios de tripulación y aprovisionamiento antes de que los barcos retomaran sus campañas de pesca en el Pacífico o continuaran su tránsito por el estrecho de Magallanes hacia el Atlántico Sur. PUBLICIDADUna vista de dron muestra a miembros de la tripulación a bordo de un buque calamarero que opera fuera de la zona económica exclusiva de Argentina, donde los buques pesqueros extranjeros, en su mayoría chinos, operan justo más allá del límite, en el Océano Atlántico Sur frente a la costa de Argentina. 18 de enero de 2026. REUTERS/Agustín MarcariánEntre las embarcaciones atendidas por ASMAR figuran los pesqueros Fu Yuan Yu 7871 y Fu Yuan Yu 7872, ambos incluidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sanciones por presuntos casos de trabajo forzado y abusos contra los derechos humanos relacionados con sus operaciones. El informe reconoce que ASMAR ha señalado que actuó con autorizaciones otorgadas por la Subsecretaría de Pesca y por la propia Armada, pero sostiene que ello no elimina los cuestionamientos sobre las implicaciones éticas y reputacionales de prestar servicios a embarcaciones con antecedentes documentados. El reporte también cuestiona la capacidad de fiscalización marítima de Chile. Basándose en datos AIS, imágenes satelitales del sistema VIIRS de la NASA y otras plataformas de monitoreo, afirma haber identificado entre seis y siete embarcaciones chinas que ingresaron a la zona económica exclusiva chilena durante 2025 con velocidades compatibles con actividades de pesca de calamar. La Armada chilena, por su parte, informó que no encontró evidencia confirmada de pesca ilegal, aunque el autor sostiene que el sistema nacional depende excesivamente del AIS, una tecnología susceptible de ser apagada o manipulada por las tripulaciones. PUBLICIDADImagen de la carga de tiburones encontrada en el Fu Yuan Yu Leng 999, en 2017. (Foto: Dirección del Parque Nacional Galápagos).Las conclusiones del informe tienen repercusiones que trascienden a Chile. Ecuador ha denunciado durante años la presencia de grandes flotas pesqueras chinas en las proximidades de la Reserva Marina de Galápagos, especialmente durante las temporadas de captura de calamar. En 2017, el buque Fu Yuan Yu Leng 999 fue capturado dentro de la reserva con miles de ejemplares de fauna marina, incluidos más de 6.000 tiburones, un caso que marcó un punto de inflexión en la cooperación regional para combatir la pesca ilegal.Schvartzman sostiene que los pescadores artesanales de Chile, Perú y Ecuador también enfrentan las consecuencias de estas operaciones, ya que las flotas industriales capturan el recurso antes de que llegue a las aguas nacionales, mientras los pescadores locales deben cumplir vedas, límites de captura y otras regulaciones ambientales. PUBLICIDADComo respuesta, el informe propone endurecer los controles para el ingreso de buques extranjeros a puertos chilenos, revisar la política de servicios de ASMAR, incorporar sistemas de monitoreo más robustos e integrar información de organismos regionales de ordenación pesquera. También recomienda condicionar el acceso portuario al cumplimiento de estándares internacionales en materia laboral y de conservación marina.