El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la provincia de Pisco, en la región Ica, con el objetivo de reforzar las acciones contra la delincuencia y otros hechos de violencia. La medida fue oficializada este jueves 16 de julio mediante el Decreto Supremo N.° 105-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. La disposición comprende los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. TE RECOMENDAMOSLÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD ¿Qué restricciones regirán durante el estado de emergencia en Pisco? Como parte de la medida, el Ejecutivo autorizó la restricción temporal de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, los eventos públicos y masivos, como actividades religiosas, culturales o deportivas, deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. En tanto, las actividades que no sean de carácter masivo podrán desarrollarse con normalidad. Gobierno crea comando especial para coordinar acciones de seguridad El decreto también dispone la creación inmediata del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), instancia que estará liderada por el jefe de la Región Policial Ica y tendrá como finalidad coordinar las acciones de seguridad durante la vigencia del estado de emergencia. La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar, así como del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de los titulares de los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.
Nueva provincia en estado de emergencia: Gobierno decreta medida por 60 días en distritos de Pisco
Se restringen temporalmente derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, entre otros. Eventos públicos requerirán autorización previa de las autoridades competentes.











