La directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gonz�lez, ha llegado a las 9:48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como imputada en el caso Leire por promover, presuntamente, en connivencia con la exmilitante del PSOE, la apertura de expedientes a miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro S�nchez.Gonz�lez, que est� citada para comparecer ante el magistrado Santiago Pedraz, ha llegado en un coche oficial que la ha dejado en las escaleras de entrada a la puerta de autoridades de la Audiencia Nacional, al igual que se procedi� con el expresidente del Gobierno Jos� Luis Rodr�guez Zapatero cuando fue citado a declarar como imputado en el caso Plus Ultra.Al salir del veh�culo y antes de subir las escaleras, la directora general de la Guardia Civil, que vest�a un traje rosa fuscsia, se ha girado y ha saludado con la mano a los periodistas que aguardaban enfrente su llegada.Minutos antes, a las 9.40 horas, lo hab�a hecho, acompa�ado de su abogado su n�mero dos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, quien tambi�n ha sido llamado a declarar este jueves como imputado por los mismos hechos.Seg�n informan fuentes jur�dicas a EL MUNDO, Gonz�lez ha fichado a la ex abogada del Estado, ahora en el sector privado, Rosa Seoane, para que ejerza su defensa mientras que Llamas s� ser� representado por la Abogac�a del Estado, en concreto, por el abogado Edmundo Bal. Est� previsto que ambos investigados accedan al edificio de la Audiencia Nacional por la puerta de autoridades despu�s de que lo hayan solicitado y el tribunal se lo haya concedido -recientemente entr� como investigado a declarar por esa puerta el ex presidente del Gobierno Jos� Luis Rodr�guez Zapatero-.Gonz�lez y el teniente general Llamas est�n imputados por un delito continuado de prevaricaci�n y otro de obstrucci�n a la Justicia en el procedimiento judicial que se centra en las maniobras de la fontanera del PSOE, Leire D�ez, para que se investigara a la UCO de la Guardia Civil por posibles filtraciones en las causas que afectaban al partido, al Gobierno y a la familia del presidente Pedro S�nchez.De la instrucci�n judicial se desprende que la fontanera traz� un plan para que se abriera una investigaci�n interna a miembros de la UCO con el objetivo de amedrentarlos y disuadirlos de seguir investigando la corrupci�n socialista.Para llevar a cabo ese plan, la fontanera -que anot� en su agenda "Investigaci�n interna G.C. para filtraciones"- aprovech� su cercan�a a la directora de la Guardia Civil, Mercedes Gonz�lez, quien decidi� abrir esas informaciones reservadas contra la unidad de �lite del Instituto Armado en la lucha contra la corrupci�n. Se abrieron tres expedientes internos se�alando a miembros de la UCO por supuestas filtraciones que no proced�an de este departamento.Por otro lado, seg�n ha desvelado la investigaci�n judicial, Gonz�lez se reuni� dos veces con la fontanera del PSOE, pese a haberlo negado en un primer momento la directora de la Guardia Civil y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.El juez Pedraz decidi� imputar a la directora de la Guardia Civil y al DAO despu�s de haber escuchado los testimonios de los ex responsables de la UCO Rafael Yuste y Alfonso L�pez Malo y tras la petici�n que recibi� de la Fiscal�a Anticorrupci�n que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luz�n.La Audiencia considera que "la utilizaci�n instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presi�n sobre los investigadores policiales puede integrar el delito de obstrucci�n a la Justicia del art�culo 464.1 del C�digo Penal".Este art�culo sanciona a quien, "con violencia o intimidaci�n, intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, int�rprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuaci�n procesal". Con sus comportamientos, la directora de la Guardia Civil y el DAO impidieron "garantizar el normal funcionamiento de la Administraci�n de Justicia" evitando que ��sta pueda verse alterada por cualquier forma de presi�n il�cita�, en palabras de las fiscales Anticorrupci�n.Por su parte, el delito de prevaricaci�n castiga el dictado de resoluciones "arbitrarias" y "manifiestamente injustas" dictadas en contra del inter�s p�blico.