El Gobierno buscará este jueves recuperar el control de la agenda del Senado y avanzar con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa polémica que genera tensiones entre el oficialismo y los aliados y que terminará definiéndose en el recinto con final abierto.Los senadores están convocados para las 12 y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confía en que tendrá el número para el quórum como así también para aprobar todo el temario que incluye el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.Pese a la confianza de la ex ministra, llamó la atención esta semana el silencio de los senadores que integran los bloques dialoguistas, que evitaron dar precisiones sobre los puntos en común y las diferencias con la iniciativa que tiene el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.Pero la propuesta, que obtuvo dictamen de comisión en mayo, sufrió múltiples modificaciones pedidas por los aliados que obligó a redactar 13 versiones del texto y se espera que haya más cambios durante el debate.El proyecto incluye cambios a la ley de expropiaciones y, en su versión original impulsa los desalojos exprés. Por presión de los dialoguistas fue eliminado el protocolo de desalojo exprés y se mantuvo el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que el oficialismo quería voltear.Las diferencias están centradas en la desregulación de tierras rurales, porque se derogan los límites para la compra de extranjeros, que son del 15% del territorio nacional. En este punto, el Gobierno cita dos artículos de la Constitución para establecer en la propuesta que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y le otorga a los extranjeros la posibilidad de adquirir propiedades con laxas limitaciones.De esta manera, en el proyecto se fija la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros o de las empresas con participación estatal extranjera, salvo que tengan autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.Incluso, la normativa deja en manos de los gobiernos provinciales la autorización para la venta de tierras rurales ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Para completar, se deja abierta la opción del silencio administrativo que autoriza la venta de tierras a extranjeros en caso de demora en el rechazo de la propuesta.Además, el proyecto del Gobierno propone eliminar las restricciones temporales de la Ley de Manejo del Fuego al permitir el cambio de uso del suelo, loteo o venta en terrenos rurales que hayan sufrido incendio.Lo cierto es que a partir de los cambios propuestos por los aliados, Bullrich se muestra optimista de que tendrá los votos. La Libertad Avanza con 21 senadores propios incluye en su poroteo al PRO y a la UCR, que acompañaron el dictamen de mayoría en el tratamiento en comisión.Hay dudas sobre cómo se posicionarán los representantes del bloque Provincias Unidas, Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola. El correntino firmó el dictamen en disidencia, al igual que Edith Terenzi, la senadora de Chubut que está en línea con el gobernador Ignacio "Nacho" Torres.La salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, podría aportar otro de los votos para que el proyecto del Gobierno tenga media sanción pero aún no se expresó públicamente sobre el tema. Tampoco lo hicieron las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, quienes juegan para el gobernador Osvaldo Jaldo.Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes son fieles aliados del Gobierno, recibieron pedidos de organizaciones provinciales para que no acompañen la iniciativa.Mientras que la peronista anti K Carolina Moisés (Convicción Federal), autora del dictamen de minoría, rechaza el texto del oficialismo y anticipó que pedirá cambios en el recinto, en línea con su dictamen de minoría, que ofrece garantías para los desalojos y pide mantener reglas claras para no vender tierras sin límites.El peronismo se expresó en contra de lo que denominó la extranjerización de tierras, que lo definieron como "un bien estratégico, escaso y no renovable, por lo que su protección debe formar parte de una política de Estado". En ese sentido, defendieron la normativa sancionada en 2011 que establece límites para preservar la soberanía sobre un recurso considerado esencial.