NoticiaEl representante de la Misión atribuyó la situación a la poca implementación de los Acuerdos y la ausencia estatal en Cauca y Catatumbo.Presentación del Informe Trimestral del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Foto: Misión de la ONU.15.07.2026 11:02 Actualizado: 15.07.2026 11:02
"Actuar con responsabilidad". esa fue la petición del jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Miroslav Jenča, a los líderes políticos colombianos para reducir las tensiones tras las elecciones presidenciales, durante la presentación del informe periódico ante el Consejo de Seguridad y alertó por el aumento del conflicto en zonas como el Cauca y Catatumbo.Jenča advirtió durante su mensaje que la violencia persiste en zonas como el Catatumbo y el Cauca, donde expresó que los grupos armados han intensificado su retaliaciones contra la población civil y usan otras tácticas de guerra, como el uso de drones, pese a los planes especiales de desarrollo anunciados el año pasado para el Catatumbo.“No solo han sufrido durante décadas las consecuencias de la guerra y la falta de una presencia estatal integral, sino que estas condiciones también se han agravado en los últimos años", dijo el funcionario.Varios grupos armados tienen en disputa los territorios. Foto:Archivo El TiempoEl jefe de la Misión condenó las amenazas contra la población civil, el reclutamiento de menores y los secuestros, y citó un nuevo incidente ocurrido la semana pasada en López de Micay, Cauca, donde una incursión armada obligó a huir a 70 familias y dejó ocho personas privadas de la libertad. La Misión se sumó al llamado de la Defensoría del Pueblo para su liberación.“Para romper estos ciclos recurrentes de violencia es necesario que el Gobierno central cumpla sus promesas de prestar mayor atención y dar respuestas mejor coordinadas para satisfacer las necesidades de estas regiones”, dijo el jefe de la Misión.Asimismo, en un trimestre marcado por las elecciones presidenciales, Jenča habló del ambiente político que se vivió los días posteriores a las votaciones, que estuvo marcado por "una retórica acalorada y una confrontación política continuada".Por ello, refirió al Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto: “Este será el tercer Gobierno elegido desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 que heredará tanto la responsabilidad de su implementación como la oportunidad que esta representa”.Reconoció que, aunque se está lejos de alcanzar plenamente los objetivos pactados, el Acuerdo ha sentado bases esenciales para establecer una paz y una seguridad duraderas; por lo que especificó que su implementación “sigue siendo fundamental para el presente y el futuro de Colombia".Este año se cumplen un década de la firma del Acuerdo de Paz. Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPOExpresó, entonces, la voluntad de la Misión de dialogar con la administración para analizar el Acuerdo de Paz y avanzar con su implementación. “Parte de la construcción de la paz en una sociedad fracturada por el conflicto consiste en adoptar un espíritu de tolerancia y convivencia que reconozca las diferencias políticas como legítimas y favorezca el diálogo".Además, se refirió a la suspensión del proceso habitual de empalme entre los equipos de gobierno saliente y entrante y calificó de “lamentable” la confrontación que llevó a la suspensión. El jefe de la Misión destacó que el nuevo Congreso, que inicia su periodo el 20 de julio, puede jugar un papel clave en facilitar el diálogo entre partidos.Resaltó que más de 11.000 excombatientes de las Farc-EP siguen en el proceso de reincorporación, con una de las tasas de reincidencia más bajas a nivel mundial, y llamó a garantizar su seguridad física y judicial.Sin embargo, se refirió a los ataques e intimidaciones contra beneficiarios de restitución de tierras, entre ellos el caso de una familia agredida y torturada en el departamento del Meta. “La seguridad física de algunos de los nuevos propietarios sigue siendo motivo de grave preocupación. La Misión ha observado graves incidentes de intimidación destinados a expulsarlos”.Jenča informó que las fuerzas políticas del Congreso acordaron ampliar hasta 2037 el plazo de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que cubren 170 municipios afectados por el conflicto donde viven cerca de 6 millones de personas.Cerró su intervención recordando que a finales de este año el Acuerdo de Paz de 2016 cumplirá diez años, marcando dos tercios del plazo de implementación de 15 años previsto originalmente.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción Justicia Conozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
