Juanfran Pérez Llorca tiene garantizados sus Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, tal como era su objetivo político para reforzar su perfil y el de su Consell. Después de dos jornadas de negociación y votación de enmiendas en las Corts, el acuerdo entre el Partido Popular y Vox ha terminado cristalizando en algo que trasciende el mero reparto de partidas económicas: por primera vez en España, los presupuestos de una comunidad autónoma incorporan expresamente el principio de la “prioridad nacional” como criterio para orientar el acceso a determinadas ayudas públicas.No es un detalle menor. Tampoco una modificación técnica. Se trata de una de las principales señas de identidad ideológica de Vox, convertida ahora en texto presupuestario tras la aceptación del PP. Lo hace, eso sí, bajo una formulación cuidadosamente matizada. El principio queda vinculado a la existencia de un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana y deberá aplicarse “de acuerdo con la legalidad vigente”. Pero el alcance político del acuerdo resulta difícil de ocultar: una reivindicación que hasta ahora formaba parte exclusivamente del discurso de Vox pasa a formar parte de unas cuentas públicas.Ese ha sido el precio político que ha pagado el PP para garantizar unos presupuestos que Llorca considera imprescindibles para la estabilidad del Consell. El president obtiene las cuentas con las que gobernar durante 2026 y Vox consigue algo más duradero: dejar por escrito una parte de su ideario en el principal instrumento político de cualquier gobierno.La negociación ha seguido una secuencia muy significativa. El lunes, el PP aceptó incorporar la “prioridad nacional” en un programa de ayudas destinado a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes en municipios afectados por la despoblación. La enmienda modifica tanto los objetivos como las líneas de actuación del programa de Función Social de la Vivienda e introduce la obligación de priorizar, dentro del marco legal, a quienes acrediten un arraigo efectivo con la Comunitat Valenciana.Veinticuatro horas después, el mismo criterio se trasladó al núcleo de las políticas sociales. La comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda aprobó las enmiendas de Vox que obligan a impulsar una nueva Ley de la Renta Valenciana de Inclusión incorporando ese principio de “prioridad nacional”. La modificación afecta tanto al diseño de la futura norma como a su aplicación práctica, a la adaptación de los actuales beneficiarios y a la incorporación de nuevos perceptores.El PP ha aceptado convertir en criterio transversal una exigencia política de VoxLa repetición de la misma fórmula en ámbitos tan sensibles como la vivienda y las ayudas sociales evidencia que no se trata de una concesión aislada. El PP ha aceptado convertir en criterio transversal una exigencia política que Vox había situado desde el primer momento como condición para apoyar las cuentas autonómicas.La clave jurídica del acuerdo reside en el concepto de “arraigo”. Todas las enmiendas introducen la misma redacción: la “prioridad nacional” deberá aplicarse a quienes mantengan un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, garantizando la “relación efectiva y afectiva” del solicitante con el territorio.Ese matiz no es casual. Constituye la fórmula con la que PP y Vox pretenden blindar jurídicamente un concepto que previsiblemente será objeto de controversia política e incluso judicial. El PSPV ya ha anunciado que estudiará recurrir estas modificaciones al entender que vulneran el principio de igualdad en el acceso a las prestaciones públicas. Los populares, por el contrario, sostienen que el criterio del arraigo ya se utiliza en diferentes convocatorias administrativas y que las enmiendas respetan plenamente el marco legal.Más allá del debate jurídico, el significado político resulta evidente. La negociación presupuestaria ha dejado de girar exclusivamente sobre el volumen del gasto para centrarse en los criterios que determinarán quién podrá acceder a determinados recursos públicos. Es ahí donde Vox ha conseguido introducir uno de los conceptos que forman parte de su identidad política.La negociación ha dejado de centrarse en el gasto para hacerlo en quién podrá acceder a las ayudas públicasJosé María Llanos no ocultó esa satisfacción. Antes incluso de comenzar la comisión parlamentaria recordó que la incorporación de la “prioridad nacional” formaba parte del pacto presupuestario alcanzado con el PP y celebró que los populares estuvieran cumpliendo los compromisos adquiridos. Difícilmente podía resumirse mejor el equilibrio de fuerzas que ha marcado toda la negociación.Porque la realidad parlamentaria explica buena parte del resultado. Los siete votos que suman PP y Vox frente a los seis de PSPV y Compromís se reprodujeron una y otra vez durante el debate de las enmiendas. Cada votación confirmaba no sólo la mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos, sino también el alto grado de coordinación alcanzado entre ambos grupos.Las modificaciones aceptadas van, además, más allá de la “prioridad nacional”. Vox ha logrado incorporar un nuevo apartado dedicado a la crisis demográfica y la familia que prevé ayudas para la crianza, subvenciones destinadas a actividades extraescolares y nuevas políticas de apoyo a la maternidad. También ha conseguido endurecer el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión al elevar de 12 meses a tres años el periodo mínimo de residencia exigido para acceder a la prestación.Vox impone nuevas partidas para el retorno de menores extuteladosA ello se suman nuevas partidas para el retorno de menores extutelados, actuaciones en materia de dependencia y discapacidad, ayudas familiares e incluso el incremento de la dotación destinada a cooperación internacional. Son modificaciones que permiten a Vox presentar el acuerdo como algo más que una victoria simbólica. La formación de Santiago Abascal sostiene que ha conseguido influir tanto en la orientación política como en la distribución del gasto.El PP, mientras tanto, ha preferido poner el acento en la estabilidad institucional. Sus diputados defendieron durante el debate que se trata de unos presupuestos “realistas” y “los más sociales de la historia”, insistiendo en que sitúan a las personas en el centro de la acción política y rechazando las acusaciones de recorte formuladas por la oposición.El PSPV considera que la introducción de la “prioridad nacional” supone una quiebra del principio de igualdad y ha anunciado que combatirá esta decisión “hasta las últimas consecuencias”, sin descartar acudir a los tribunales. Compromís fue todavía más lejos y acusó al PP de haber asumido el marco ideológico de Vox, calificando las enmiendas de “literatura barata” y advirtiendo de que alimentan la confrontación social.Los populares respondieron restando importancia a esas advertencias y recordando que distintos ayuntamientos gobernados por los socialistas ya aplican criterios relacionados con el arraigo en determinadas convocatorias, rechazando que exista contradicción alguna con el ordenamiento jurídico.La negociación presupuestaria ha permitido a Juanfran Pérez Llorca asegurar la aprobación de sus primeras cuentas como presidente de la Generalitat y consolidar así la estabilidad de su gobierno. Al mismo tiempo, ha convertido a Vox en el actor que ha marcado el contenido político de esas cuentas.En ese sentido, los presupuestos valencianos de 2026 son mucho más que un acuerdo para garantizar la estabilidad del Consell. Son también el documento que certifica hasta qué punto Vox ha conseguido trasladar una parte sustancial de su ideario al corazón mismo de la acción política de la Generalitat. Llorca tendrá presupuestos. Pero las cuentas llevarán también la huella ideológica de Vox.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991