NoticiaEl frente consolidó un proyecto paramilitar aliado con élites regionales y financiándose mediante extorsión, robo de ganado y rentas del Estado.La víctima mortal de este ataque fue identificado como alias 'El Chiky', exmiembro de las AUC. Foto: Archivo particular.14.07.2026 18:54 Actualizado: 14.07.2026 18:54
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia por 78 delitos perpetrados entre 1996 y 2005 en La Guajira y el Cesar, entre ellos varias masacres.Se trata de Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, cabecilla del Frente Juan Andrés Álvarez, una estructura urbana al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Amaury Gómez Ramos, alias Bigotes o Binladen, segundo de esa agrupación armada; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias El Pájaro, quien intervino en varias masacres atribuidas a esta agrupación; y Evangelista Bastos Bernal, alias Pedro o Jota, encargado de diversas labores logísticas dentro del grupo armado ilegal. Los hombres participaron en varias masacres, una de las más atroces fue la de El Salado, ocurrida entre el 15 y el 19 de febrero de 2000 en la región de los Montes de María. Corregimiento de EL Salado tras 20 años de la masacre. Foto:John Montaño- EL TIEMPOSegún el fallo, la incursión fue comandada por Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, entonces jefe del Frente Juan Andrés Álvarez, con la participación de otros mandos. La operación fue planeada para atacar de manera simultánea varios corregimientos y veredas, entre ellos Canutal, Canutalito, Flor del Monte y Bajo Grande, antes de concentrarse en el casco urbano de El Salado. Allí, los habitantes fueron reunidos en la plaza principal y separados entre hombres, mujeres y niños, mientras los paramilitares ejecutaban asesinatos, torturas y otros actos de extrema violencia al ritmo de música de acordeón, vallenatos y rancheras, en medio del consumo de licor. LEA TAMBIÉN De acuerdo con la decisión judicial, los paramilitares justificaron la masacre bajo el argumento de realizar una supuesta "limpieza" de colaboradores de la guerrilla, aunque las víctimas eran en su mayoría campesinos."Los campesinos no solo fueron asesinados, también torturados y algunos desaparecidos durante la toma que se extendió por varios días", establece la sentencia, y continúa: "dio origen a la destrucción, el desarraigo, el desalojo, la ocupación territorial" se lee en la sentencia.Otro de los crímenes que les atribuye fue la masacre de Villanueva (La Guajira), el 8 de diciembre de 1998, en la que entraron violentamente a varias viviendas, retuvieron a algunos habitantes y les causaron la muerte a 11 de ellos.De las confesiones de los exparamilitares a Justicia y Paz han salido procesos en la Fiscalía. Foto:Felipe Amaya. AFP - Archivo EL TIEMPOAsí como el asesinato del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca, ambos asesinados el 19 de septiembre de 1997 mientras se movilizaban por la vía que comunica a Valledupar con Codazzi.En la fallo, de más de 1.700 páginas, se detalla cómo el frente formó un proyecto político paramilitar, caracterizado por el vínculo con las élites regionales y un modelo de autofinanciación a partir de las extorsiones, el hurto de ganado y las rentas del Estado."Su accionar en el Cesar se caracterizó por la cooptación institucional, el vínculo con las élites y la comisión de crímenes de lesa humanidad para el control hegemónico del territorio", se lee en el fallo. LEA TAMBIÉN La sentencia también detalla que los cuatro hombres hicieron parte de patrones sistemáticos de violencia, entre ellos la desaparición forzada, utilizada como herramienta de "lucha antisubversiva" y control social. Un caso emblemático es la desaparición de siete funcionarios del CTI de la Fiscalía en marzo de 2000.Así como los homicidios y la desaparición forzada, como ocurrió con las comunidades de "Las Palomas" y "El Toco", donde fueron despojadas de sus tierras para que los paramilitares se quedaran con el control del territorio y actos de violencias sexual.Los procesados fueron condenados a penas privativas de la libertad de entre 240 y 480 meses de prisión, multas equivalentes a entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos. Natalia Peláez SabogalEscuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPORedacción Justicia Conozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
