Noticia Exclusivo suscriptores La Contraloría rajó la gestión fiscal de la empresa postal y encontró 28 hallazgos administrativos, 17 de ellos con presunta incidencia disciplinaria.La flota de 15 camionetas eléctricas que están parqueadas e inservibles y otros hallazgos de la Contraloría a 4-72 Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL14.07.2026 16:16 Actualizado: 14.07.2026 16:34

La Contraloría General de la República rajó la gestión fiscal de la empresa postal 4-72. En la última auditoría, reveló 28 hallazgos administrativos, pero uno de estos casos terminó en la Fiscalía, denunciado por la misma entidad, por la supuesta intervención ilegal de un funcionario que alteró las especificaciones técnicas de un proyecto.Se trata de un contrato para la adquisición de una flotilla de 15 camionetas eléctricas para modernizar la operación postal. Según el documento, 4-72 autorizó pagos por $2.835 millones sin contar previamente con un convenio bilateral —que garantizaría el reembolso y establecería las obligaciones, riesgos y condiciones de la inversión— y los vehículos que recibió eran de 40 kWh, cuando para las necesidades del servicio se requerían baterías de 80 kWh.Hoy los carros permanecen parqueados, fuera de operación, sin placas, sin registro en el RUNT y a la intemperie, situación que, según el ente de control, consolidó un daño patrimonial."Servicios Postales Nacionales S.A.S. expidió el CDP 46864 y suscribió el Contrato 334 por $2.835 millones, amparado en el proyecto 'Mejoramiento del transporte Fase II'. El área estructuradora comprometió la totalidad de estos recursos propios basándose únicamente en el envío de un formulario de aplicación y la recepción de una carta de notificación del fondo, sin suscribir previamente un convenio, contrato o negocio jurídico bilateral por escrito con la Unión Postal Universal (UPU) que reglamentara las obligaciones, los riesgos de la inversión y las condiciones jurídicas del reembolso tras la aceptación de los indicadores operativos", se lee en el informe.Contraloría General de la República Foto:Edmer Tovar. ELTIEMPOLa Contraloría revisó un archivo titulado "Especificaciones Técnicas de VH Eléctrico.doc97", en el que comprobó que la entidad requería vehículos con una capacidad superior a los 80 kWh y un amplio cubicaje.Ese requisito obedecía a que la flota sería destinada a Bogotá, donde se encuentran la Oficina de Cambio Colombia, la Planta (CTP) y el Aeropuerto Internacional El Dorado, sedes que reciben y despachan el 100 % de los envíos internacionales. Esas características permitían manejar altos volúmenes de carga y reducir los tiempos de entrega.Sin embargo, según un documento allegado por 4-72, un funcionario supuestamente alteró los estudios previos para reducir el requerimiento de la batería, direccionó la invitación a oferentes vinculados y propició la recepción de vehículos con características por debajo de las que requería el servicio postal. Por esta razón, la misma entidad llevó el caso a la justicia."Aunado a esta ejecución sin respaldo convencional, la entidad adelantó la compra del contrato 334 de 2025 sin cancelar sus multas de tránsito. El 12 de enero de 2026, el Jefe Nacional de Transporte y Movilización recibió físicamente los 15 vehículos sin placas, sin tarjetas de propiedad y sin RUNT, estacionándolos a la intemperie en una sede que carecía de los puntos de recarga eléctrica exigidos en el proyecto. Adicionalmente, el área financiera desembolsó al contratista el 15 % del valor del contrato, equivalente a $425.250.000, y el área contable constituyó una cuenta por pagar, a 31 de diciembre de 2025, por el 85 % restante, respaldando presupuestalmente bienes que ingresaron materialmente en 2026", agrega la auditoría financiera.La inspección confirmó que Servicios Postales Nacionales S.A.S. (4-72) ordenó el pago de $2.835 millones sin firmar previamente el convenio bilateral con la UPU. La Contraloría concluyó que el posible daño patrimonial corresponde a la pérdida de la inversión de $425.250.000, materializada en una flota inservible.En su respuesta a la auditoría, 4-72 sostuvo que, por su naturaleza jurídica, no le era aplicable la Ley 80 de 1993 y argumentó que el fondo de la Unión Postal Universal (UPU) no contempla la suscripción de convenios bilaterales por escrito.Sobre la compra de la flota, la entidad aseguró que actuó de buena fe y que un funcionario "modificó de manera no autorizada los estudios previos" para reducir la capacidad de las baterías de 80 kWh a 40 kWh, hecho por el que, según indicó, ya presentó la correspondiente denuncia penal.Frente al posible detrimento patrimonial, 4-72 afirmó que los recursos desembolsados corresponden a obligaciones contractuales y constituyen únicamente un "riesgo potencial", por lo que negó que exista un daño cierto, actual y cuantificable.Otros hallazgosLa auditoría también encontró deficiencias en el recaudo de cartera, inconsistencias contables, riesgos en el manejo de litigios y provisiones, problemas en la administración del Servicio Postal Universal y debilidades en la atención de denuncias internas. Además, reiteró que varias de las observaciones formuladas en auditorías anteriores continúan sin ser corregidas.El informe evidenció que durante 2025, 4-72 recaudó apenas el 73 % de los ingresos presupuestados, pero comprometió gastos superiores a los recursos efectivamente disponibles, lo que generó un déficit de $57.705 millones. Además, dejó de ejecutar apropiaciones por más de $60.334 millones y cerró la vigencia con 810 cuentas por pagar por $116.743 millones, a las que se suma una omisión de reporte por otros $47.018 millones.El operador postal oficial de Colombia cuenta con 4.600 trabajadores. Foto:4-72La Contraloría concluyó que estas desviaciones llevaron a que la ejecución presupuestal fuera calificada como "no razonable" y, en consecuencia, la cuenta fiscal de la empresa no pudiera ser aprobada.El documento también advierte que el plan de mejoramiento implementado por la administración fue inefectivo. El seguimiento a 65 hallazgos de auditorías anteriores mostró que persisten problemas estructurales relacionados con la depuración de saldos, la planeación contractual, el cobro de cartera y la ejecución del presupuesto, por lo que el organismo emitió un concepto desfavorable sobre las acciones adoptadas por la empresa.Como consecuencia de estos hallazgos, la Contraloría ordenó a 4-72 presentar un nuevo plan de mejoramiento dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del informe.Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.