El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029.Este plan nacional se traza como hoja de ruta estratégica de la seguridad del país en un momento que se enfrenta un conflicto armado interno con matices volátiles y complejos. En un diagnóstico, el Gobierno expone que la estabilidad, la paz y la soberanía están “seriamente amenazadas” por estructuras del crimen organizado transnacional y nacional, cuyas acciones violentas han afectado gran parte de la sociedad y debilitado la convivencia ciudadana.PublicidadCon el plan, el Estado busca imponer el control efectivo y sostenido en el territorio y sus recursos, neutralizando el poder armado, económico y logístico de las redes de crimen organizado y el extremismo violento. Para ello, la Presidencia encaminará una acción coordinada, empleando de forma articulada, firme y unificada las capacidades de los organismos del sistema de seguridad pública y del Estado. Según el plan, la visión de la seguridad para el periodo 2025-2029 “no se limita al uso legítimo de la fuerza, sino que abarca la multidimensionalidad del fenómeno, reconociendo que la inseguridad no solo se combate con armas, sino con obra social, empleo, educación, servicios públicos de calidad, mayor presencia estatal en territorio”.Además, el plan aborda la reconstrucción del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. PublicidadPublicidadA la par, el Gobierno cita que “la cooperación internacional será fundamental, concebida como un mecanismo estratégico para fortalecer las capacidades nacionales y el combate al crimen organizado transnacional”.El plan de seguridad traza objetivos nacionales de seguridad a partir de la orientación política de seguridad y en función de los intereses nacionales. 1.º: Control efectivo en el territorio nacionalComo primer punto, el Gobierno busca imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos. Para ello, las acciones interinstitucionales del Gobierno, incluyendo las fuerzas del orden, se enfocarán de manera inmediata en recuperar la gobernanza estatal en zonas fronterizas y otros sectores afectados por el crimen organizado. De forma progresiva se extenderá a zonas de mayor conflicto para desarticular la logística y el financiamiento de grupos armados organizados. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fortalecerá la política exterior para la cooperación internacional en seguridad, mientras la Presidencia, a través del Ministerio de Defensa, promoverá el fortalecimiento de Fuerzas Armadas para futuros escenarios de conflictos generados por el surgimiento de amenazas híbridas y transnacionales. PublicidadDe igual manera, se prevé incrementar el control de la cadena logística empleada en la minería ilegal y el Ministerio de Ambiente y Energía, con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía, además con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, y GAD, impulsarán la formalización de la actividad minera para reducir la vulnerabilidad a las economías ilícitas.A través del proceso, el Gobierno pretende fortalecer la regulación y tecnificación del sector, la capacitación comunitaria hasta 2028 y la atracción de inversión regulada a largo plazo.Por otra parte, el Ministerio de Defensa en coordinación con otras entidades reforzarán el control de armas, explosivos, municiones, agentes nucleares, biológicos, químicas y radiológicos. Esta acción incluye el fortalecimiento inmediato del control sobre las armas legales e impedir eficazmente el ingreso, tránsito, acopio y tráfico de armas y explosivos ilícitos en el territorio.2.º: Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado.En este segundo punto, el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con subsistemas de inteligencia, desarrollará un modelo de integración y gestión de información estratégica, a fin de fortalecer la interoperabilidad del SNI y mejorar la toma de decisiones en las operaciones de seguridad. Además, el Ministerio del Interior, la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia, con apoyo del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, alertarán y ejecutarán acciones decisivas y contundentes para confrontar la violencia social “incitada por grupos extremistas antisistema”. Por su parte, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Ministerio del Interior y la Policía, con apoyo de gobiernos descentralizados y la comunidad educativa, plantean reducir la inseguridad en el entorno de planteles para 2028. Además, en el corto plazo, la Secretaría de Comunicación, con apoyo de diversas entidades, fortalecerá la gestión comunicacional del Gobierno, superando la fragmentación y descoordinación interna; y articulándola con distintos niveles de gobierno, a fin de limitar la desinformación generalizada. Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con apoyo del sistema descentralizado para la gestión de riesgo de desastre, ECU911, Comité de Operaciones de Emergencia y gobiernos autónomos descentralizados, buscará reducir la desarticulación en la gestión de riesgos para 2026, la conformación de articulación intersectorial ante riesgos derivados de actos criminales con prioridad en zonas rurales y fronterizas.3.º: Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad.El plan plantea que se brinde un apoyo temporal para el control de las cárceles por parte del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. De esa manera, se busca precautelar la seguridad carcelario y el estricto respeto de derechos humanos de los reos. Hasta el 2026 se impulsarán la reforma integral del sistema penitenciario y la profesionalización del cuerpo de vigilancia y seguridad a fin de tener autosuficiencia del SNAI, y asegurar la entrega de los centros de privación de libertad por parte de las Fuerzas Armadas a las autoridades competentes en esa materia.4.º: Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado.En este cuarto objetivo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en coordinación con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, la UAFE y la Fiscalía, fortalecerá los mecanismos de control sobre estructuras jurídicas que podría financiar actividades que socaven la gobernanza estatal, evitando la suplantación de funciones estatales. Además, el SNAI, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, reforzará la capacidad de prevención y neutralización de estructuras carcelarias subversivas para evitar la inestabilidad democrática. En este punto, la Secretaría Integral de Integridad Pública y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) articularán acciones para impulsar el control social, la denuncia eficaz, la rendición de cuentas y la imposición de responsabilidades. También, desde la Presidencia se coordinará con Contraloría para que se refuerce la fiscalización y el control de uso de los recursos públicos. Además, se fortalecerán los códigos de ética y normas de conducta para servidores públicos. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con entidades pertinentes, seguirá impulsando la mejora de los procesos de evaluación de desempeño en el sector público. En tema financiero, en el corto plazo, la Junta Política y Regulación Financiera, el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y la UAFE fortalecerán el sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos, a fin de garantizar la interoperabilidad tecnológica y mecanismos de prevención contra fondos ilícitos. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores promoverá acuerdos internacionales para facilitar la cooperación judicial, la extradición y la recuperación de activos.Además, las entidades competentes se encargarán de diseñar e implementar la política pública para la transformación digital del sector financiero público y privado para evitar el lavado de activos, incluyendo mecanismos de coordinación con el sistema financiero. Se definirán lineamientos hasta 2028. En consecuencia, el Comité Nacional de Ciberseguridad y Ministerio de Telecomunicaciones actualizarán el marco legal y los procedimientos de ciberseguridad para la protección de la infraestructura crítica digital del Estado conforme a estándares internacionales. Además, el Ministerio de Defensa complementará las acciones con la actualización de la estrategia en el ámbito de la ciberdefensa hasta 2026. Por su parte, la Presidencia y Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones legales, respetarán y garantizarán la independencia de la Función Judicial. Entre las acciones trazadas, la Asamblea, en coordinación con la Judicatura, impulsará reformas legales para perfeccionar los mecanismos de calificación y nombramiento de autoridades judiciales. Esta iniciativa se complementará con la actualización de política criminal para articular reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre conflictos jurídicos actuales y fortalecer la presencia judicial eficaz.Además, el Ministerio de Defensa, con apoyo de autoridades judiciales, impulsará reformas para “subsanar” los conflictos normativos en la judicialización de delitos y en el empleo de Fuerzas Armadas respetando los principios de jurisdicción ordinaria.5.º: Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno.En el quinto objetivo, la Presidencia plantea que la presencia estatal será reforzada en territorios priorizados a través de los ministerios de Desarrollo Humano, Educación, Deporte y Cultura, Salud, entre otros, para asegurar la gestión responsable y el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de las comunidades. Los ministerios se encargarán de implementar programas que reduzcan la inequidad en el acceso a servicios básicos. Hasta 2029 se planea asegurar el acceso equitativo y universal en comunidades rurales, amazónicas e indígenas. También los ministerios de sectores estratégicos fortalecerá la resiliencia de la infraestructura para garantizar la prestación de los servicios esenciales. El Ministerio de Telecomunicaciones reducirán la brecha de alfabetización digital con priorización de sectores estratégicos, comunidades rurales, amazónicas e indígenas. Para ello se contará con apoyo de entidades de Gobierno, así como la cooperación internacional. Además, se espera contar con apoyo del sector privado para incrementar el nivel de tecnificación laboral. En ese ámbito, el Ministerio del Trabajo reducirá el desempleo y la informalidad laboral impulsando la formalización del trabajo informal hasta 2028.Se busca promover la inclusión social, productiva y financiera con la cooperación interinstitucional y herramientas de gobierno electrónico.6.º: Incrementar el control del patrimonio natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales.El ente rector ambiental impulsará la aplicación de la normativa para controlar la deforestación y la extracción ilegal de recursos naturales hasta 2026. Se prevé contar con apoyo del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Ambiente y Energía consolidarán la posición internacional del país en materia de conservación, cambio climático y biodiversidad, en coherencia con su condición de país megadiverso y su compromiso con la gestión de áreas protegidas al 2028.7.º: Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensaEl Ministerio de Economía y Finanzas, con la articulación con el Banco Central y Consejo Nacional de Planificación, fortalecerá la complementariedad entre financiamiento de seguridad e inversión social con objetivos comunes en la política macroeconómica. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se gestionarán nuevas líneas de crédito, alianzas y estratégicas con otros países y organismos multilaterales y la cooperación internacional para financiar y enfrentar los desafíos de seguridad del Estado.En cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia, el Ministerio de Defensa será responsable del proceso de seguimiento y evaluación del plan que tendrá tres fases: alineación, ejecución y desempeño; impacto y retroalimentación. Se contará con porcentaje de cumplimientos con métricas claras y cuantificables que permitan evaluar el avance de los objetivos nacionales de seguridad (ONS); además de plataforma de información unificada con registro de datos de ejecución y seguimiento por entidades y comités de revisión estratégica con equipos interinstitucionales para el análisis y validación de resultados de la evaluación.