La discusión por la tierra volvió a abrir una de las heridas más sensibles de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta vez el conflicto no enfrenta únicamente al Estado con indígenas, sino que ha comenzado a dividir a poblaciones que durante décadas han convivido en el mismo territorio. LEA TAMBIÉN En los corregimientos de Taganga en Santa Marta y Palmor en Ciénaga, dos casos distintos tienen un mismo denominador: el miedo. En el primero, comerciantes, pescadores, hoteleros y residentes salieron a las calles para rechazar el proceso que rodea la consolidación del Cabildo Indígena de Taganga y la eventual constitución de un resguardo.En el segundo, cientos de familias cafeteras aseguran que procesos de restitución podrían poner en riesgo las tierras donde afirman haber vivido por generaciones.En ambos escenarios, las comunidades afirmar respetar los derechos de los pueblos indígenas, pero temen que decisiones judiciales terminen afectando a quienes durante décadas han construido su patrimonio sobre esos territorios.Del otro lado, las autoridades y los representantes indígenas sostienen que existe una campaña de desinformación y que ningún propietario legal perderá automáticamente sus derechos.Dos conflictos distintos con un mismo origenAunque ambos casos suelen mezclarse en el debate público, jurídicamente corresponden a procesos diferentes.Hasta la Fiscalía han ido los campesinos en busca de blindar sus tierras. Foto:Archivo particularEn Taganga, la discusión gira alrededor del reconocimiento del Cabildo Indígena y de una solicitud para que se reconozca un antiguo título colectivo que data de 1872-1873, del cual podría derivarse la constitución de un resguardo indígena. El proceso sigue en estudio y todavía no existe una decisión definitiva.En Palmor, el escenario es otro. Allí la Unidad de Restitución de Tierras presentó una demanda para restablecer derechos territoriales del pueblo Kogui sobre aproximadamente 7.000 hectáreas, dentro de un proceso judicial que apenas comienza y que será resuelto por un juez especializado.Pese a las diferencias, ambas situaciones han generado incertidumbre entre miles de habitantes y un choque con los hermanos mayores.Taganga: el temor de un pueblo que vive del turismo La preocupación en Taganga se hizo visible cuando más de un centenar de personas marchó hasta la Agencia Nacional de Tierras para pedir que el proceso sea suspendido mientras las autoridades expliquen con claridad cuáles podrían ser sus implicaciones.Hay tensión en Taganga por la reglamentación del Cabildo indígena. Foto:Redes socialesLos habitantes aseguran que el problema no es el reconocimiento de los pueblos indígenas sino la falta de información.José Cantillo, uno de los voceros de la comunidad, afirma que existe incertidumbre sobre el futuro de las viviendas, las escrituras, los negocios turísticos y las inversiones realizadas durante décadas."Queremos saber qué puede pasar con nuestras casas, con nuestras escrituras y con los negocios que sostienen la economía del corregimiento", manifestó.La inquietud tiene una razón económica evidente. Taganga dejó hace mucho de depender exclusivamente de la pesca y hoy gran parte de sus ingresos proviene del turismo. Hoteles, hostales, restaurantes, operadores de buceo, embarcaciones y pequeños comercios generan el sustento de miles de familias.Muchos propietarios temen que un eventual cambio en el régimen del territorio afecte la confianza para invertir o genere incertidumbre jurídica.La respuesta del Cabildo: "nadie perderá su propiedad"Desde el Cabildo Indígena de Taganga rechazan que el proceso represente una amenaza para quienes adquirieron bienes legalmente.Parte de la población de Taganga protagonizó una protesta en contra del Resguardo Indígena. Foto:Archivo particularUn representante de la organización explicó que el cabildo ya fue reconocido por el Ministerio del Interior y que agrupa a cerca de 1.500 descendientes de los antiguos habitantes del corregimiento.Según indicó, la solicitud busca que el Estado reconozca un antiguo título colectivo otorgado a la comunidad en el siglo XIX.El vocero sostiene que la legislación protege las propiedades adquiridas de buena fe y que el verdadero objetivo es evitar nuevas ocupaciones sobre terrenos baldíos y áreas ambientalmente protegidas."La norma establece que las propiedades legalmente constituidas serán respetadas y que los derechos adquiridos no se desconocen", afirmó.También aseguró que el debate se ha distorsionado y que las manifestaciones representan a un sector minoritario de la población.Palmor: el miedo llegó hasta los niñosEn Palmor, corregimiento cafetero de Ciénaga, la preocupación tomó otro camino.Familias insisten que su reclamo está dirigido contra las decisiones institucionales. Foto:CortesíaLas denominadas 300 familias cafeteras difundieron videos, cartas y comunicados asegurando que procesos de restitución podrían terminar entregando parte de sus fincas a comunidades indígenas.Uno de los videos que más impacto generó fue protagonizado por niños que enviaron un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella.Los menores afirmaron que únicamente desean seguir viviendo allí junto a sus padres, continuar cultivando café y mantener la convivencia que históricamente han tenido con los niños indígenas.Las familias insisten en que su reclamo no está dirigido contra los pueblos originarios, sino contra decisiones institucionales que consideran injustas.En su pronunciamiento sostienen que existen predios con décadas de ocupación, pago de impuestos y títulos antiguos que hoy hacen parte de procesos judiciales.La Unidad de Restitución respondeEl director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Magdalena y Atlántico, José Humberto Torres, rechaza que la entidad esté promoviendo desalojos.La Unidad de Restitución de Tierras rechaza las afirmaciones en su contra. Foto:Unidad de Restitución de TierrasExplica que la misión institucional consiste en restituir derechos a víctimas del conflicto y que, en este caso, el proceso busca el restablecimiento de derechos territoriales del pueblo Kogui.Según explicó, el estudio adelantado por la entidad identificó 59 predios cuyos ocupantes podrán comparecer al proceso para demostrar la naturaleza de sus derechos."Será el juez quien determine cuál es la relación jurídica que existe sobre cada predio. Nosotros no hemos pedido desalojar ni despojar a nadie", aseguró.Torres también indicó que el proceso apenas comienza y estima que una decisión definitiva podría tardar entre tres y cuatro años.Sobre los videos protagonizados por menores de edad, fue crítico. Consideró que los niños están siendo instrumentalizados para generar temor en la comunidad y sostuvo que esa situación debería ser revisada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.¿Qué significa realmente un cabildo indígena?Parte de la controversia gira alrededor del desconocimiento sobre el alcance jurídico de un cabildo indígena.Torres explicó que el reconocimiento de un cabildo por parte del Ministerio del Interior no implica, por sí solo, que los habitantes de un territorio pierdan sus propiedades, sean desalojados o que cesen las actividades económicas.En el caso de Taganga, señaló que la Unidad de Restitución no tiene actualmente procesos de restitución de tierras relacionados con ese cabildo y afirmó que el reconocimiento de esa autoridad indígena no modifica automáticamente la propiedad privada ni la actividad comercial o turística.El representante del Cabildo coincide en ese punto y sostiene que el objetivo principal es obtener el reconocimiento histórico de derechos territoriales sin afectar las inversiones hechas de buena fe. LEA TAMBIÉN Por ahora, tanto el reconocimiento territorial solicitado en Taganga como la demanda de restitución en Palmor permanecen en distintas etapas administrativas y judiciales. La última palabra la tendrán las autoridades competentes y los jueces, en procesos que podrían prolongarse durante varios años.También te podría interesar:EE.UU. lanzó una nueva andanada de ataques contra Irán Foto:EL TIEMPOPor Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X: @rogeruv