El empedrado camino hacia unos hipotéticos Presupuestos del Estado en los que casi nadie confía se inició este martes en el Congreso con el resultado previsible: primer fracaso. Como ya había anunciado con toda la trompetería, Junts volvió a unir sus votos a la derecha estatal para rechazar los objetivos de déficit planteados por el Gobierno, paso previo a la elaboración de las cuentas que el presidente Pedro Sánchez ha prometido confeccionar con independencia de los apoyos comprometidos. Incluso dos aliados del Ejecutivo, Podemos y Compromís, evitaron darle respaldo y se abstuvieron. El rechazo no frena el proceso de confección de los Presupuestos, pero obliga a cuadrarlos con el corsé fiscal vigente, más estricto. Y prefigura una partida en la que, por ahora, la mayoría apuesta por la derrota gubernamental.El pleno extraordinario del Congreso, el penúltimo antes de las vacaciones, ofreció una muestra de cómo Junts se recrea en su papel de árbitro combinando palos y zanahorias. El castigo llegó con la llamada senda de déficit y con un decreto que pretendía blindar el derecho de RTVE a recuperar de la Agencia Tributaria 941 millones correspondientes a pagos de IVA. Junts también votó en contra y, por sexta vez en lo que va de año, el Gobierno vio caer en el Congreso uno de sus decretos. Las zanahorias llegaron con otro decreto y una ley, ambos muy relevantes porque prevén importantes aportaciones económicas para un asunto tan sensible como la dependencia. El voto favoranle de Junts fue además decisivo para que el pleno iniciase los trámites a fin de eliminar el delito específico de injurias a la Corona, una iniciativa de Sumar. En el caso del decreto sobre la dependencia, que aporta 6.200 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar ese servicio, el PP rompió lo que viene siendo su tendencia de no dar el menor respiro al Ejecutivo y también lo apoyó. La lógica indicaba que los populares no iban a votar en contra de que sus comunidades autónomas reciban más fondos para la dependencia. Pero la senda de déficit los colocaba ante una situación en cierta medida análoga porque, al flexibilizar los objetivos fiscales, permitiría que los gobiernos autonómicos y municipales disfrutasen de mayores márgenes para gastar. Por ahí intentó buscar un resquicio el ministro de Hacienda, Arcadi España. “Lo que se vota aquí no es una victoria o una derrota del Gobierno, sino si las comunidades autónomas van a disponer de más recursos”, expuso España. Eran palabras parecidas a las que había empleado en intentos similares su antecesora, María Jesús Montero. Y el actual ministro chocó contra el mismo muro que la anterior. España cuantificó en 5.800 millones el desahogo fiscal que pierden las Administraciones autonómicas ante el ejercicio de 2027.El PP obvió por completo esa apelación. Su diputado José Vicente Marí se dedicó a arremeter contra el “gasto público descontrolado” y el “infierno fiscal”. A despecho de todos los datos de organismos nacionales e internacionales, Marí afirmó que, bajo el Gobierno de Sánchez, España “se ha alejado de la riqueza de los países de nuestro entorno”. Y calificó de “teatro” los movimientos del Gobierno sobre los que serían los primeros -y últimos- Presupuestos de la legislatura, al considerar que no tienen la menor posibilidad de prosperar. Josep Maria Cruset, portavoz económico de Junts, exhibió argumentos análogos. Redujo la iniciativa del Gobierno a una “operación de marketing para esconder sus flaquezas” y “ocultar el latrocinio de los suyos”. Cruset también coincidió con el PP al denuncian la política fiscal del Gobierno como propia de un “Estado depredador”. Sus menciones a los casos de corrupción que sacuden a los socialistas fueron constantes, aunque esta vez no reclamó elecciones ni la dimisión del presidente como venía haciendo su partido últimamente. Àgueda Micó, de Compromís, justificó la abstención de su grupo por las carencias de financiación que sufre la Comunidad Valenciana. Y Javier Sánchez Serna, de Podemos, por el aumento del gasto militar. Esta última cuestión también recibió las críticas de Néstor Rego, del BNG, aunque en su caso votó a favor para permitir que el Gobierno al menos presente unos Presupuestos. También apoyaron ERC y PNV, aunque haciendo constar demandas pendientes. La republicana Teresa Jordà recordó que los acuerdos de su grupo con el Gobierno dependen de la mejora de la financiación para Cataluña. La peneuvista Idoia Sagastizabal insistió en que si los Presupuestos son derrotados “habrá llegado el momento de devolver la palabra a la ciudadanía”. La mayor satisfacción para el Gobierno fue sacar adelante la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, listas ya para su envío al Senado. “Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, proclamó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en su defensa del texto. La ley establece que la Administración central deberá financiar al 50% los servicios autonómicos de dependencia. Bustinduy, en línea parecida a lo que había hecho España,lo esgrimió para apelar infructuosamente al apoyo del PP. La popular Carmen Fúnez alegó que la ley, al carecer de memoria económica, es un simple “acto de fe”.