Noticia Exclusivo suscriptores EL TIEMPO conoció el consolidado comparativo de las Fuerzas entre los dos períodos presidenciales hasta el pasado 8 de julio. Esto dicen las cifras. Un grupo de soldados planificando una operación. Foto: Suministrada.SUBEDITOR DE JUSTICA14.07.2026 12:57 Actualizado: 14.07.2026 12:58
El pasado jueves, durante la rendición de cuentas del sector Defensa, el ministro Pedro Sánchez presentó parte de los resultados obtenidos por la Fuerza Pública en los últimos cuatro años. Entre las cifras expuestas hubo indicadores relacionados con el narcotráfico, las capturas y las afectaciones a las estructuras armadas ilegales.Más allá de las cifras presentadas, EL TIEMPO conoció el consolidado operacional de las Fuerzas que compara el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y el 8 de julio de 2022, correspondiente al gobierno de Iván Duque, con el mismo lapso durante la administración de Gustavo Petro.Los datos muestran una disminución en algunos indicadores tradicionales de la ofensiva militar, pero también evidencian la consolidación de nuevas formas de ataque por parte de los grupos ilegales, el fortalecimiento de economías criminales como la minería ilegal y un incremento en las grandes incautaciones de droga y de insumos para su producción.La unidad esta conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto:CortesíaUno de los primeros cambios aparece en los eventos operacionales, que reflejan que el número de combates pasó de 1.953 durante el gobierno Duque a 1.685 en el actual cuatrienio. De acuerdo con fuentes militares, buena parte de esas confrontaciones se concentró en Catatumbo, el norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, Arauca, Guaviare y el sur de Córdoba, territorios donde el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’ mantienen disputas por corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales.Otros indicadores muestran una confrontación distinta como lo son los ataques contra la Fuerza Pública los cuales aumentaron de 460 a 1.102, mientras que los hostigamientos crecieron de 128 a 516. A ello se suma una modalidad que prácticamente no figuraba hace cuatro años: los ataques con sistemas aéreos no tripulados (UAS), que alcanzaron 371 registros.Artillería utilizada previo al bombardeo en Catatumbo. Foto:CortesíaLos depósitos ilegales destruidos pasaron de 5.737 a 3.873, las neutralizaciones de artefactos explosivos de 5.293 a 3.057, las neutralizaciones de atentados de 478 a 425, los bloqueos de vías de 92 a 89, las misiones relacionadas con migración irregular de 161 a 98 y las retenciones de migrantes ilegales pasaron de 1.622 a 1.668.El componente antidrogas continúa siendo el eje de la actividad operacional de la Fuerza Pública, y las capturas relacionadas con narcotráfico aumentaron de 6.897 a 9.261, mientras que las grandes incautaciones alcanzaron los registros más altos del comparativo.Fuentes de la institución señalaron que una parte importante de esos resultados fue aportada por la Armada Nacional, especialmente mediante operaciones de interdicción marítima y fluvial en el Caribe, el Pacífico y los principales corredores utilizados por las organizaciones dedicadas al envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.Maquiaria destruida. Foto:CortesíaLas cifras reflejan ese comportamiento, por ejemplo, la cocaína incautada pasó de 1.387.441 a 2.315.472 kilogramos; la marihuana de 561.153 a 851.276 kilogramos; la heroína de 203 a 915 kilogramos; la hoja de coca de 1.231.949 a 2.284.599 kilogramos; la pasta base de coca de 104.294 a 119.089 kilogramos; los insumos sólidos utilizados para la elaboración de estupefacientes de 3.904.964 a 5.513.920 kilogramos; los insumos líquidos de 1.733.692 a 2.724.196 kilogramos, y los combustibles empleados para el procesamiento de cocaína de 2.167.949 a 3.792.433 galones.En materia de cocaína, el incremento en las incautaciones también debe leerse a la luz del crecimiento de la oferta. Analistas consultados por EL TIEMPO sostienen que el volumen decomisado durante este cuatrienio está relacionado con el aumento de los cultivos de coca y de la capacidad de producción registrada en el país durante los últimos años.De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta reportada por ese sistema, un escenario que amplió la disponibilidad de droga para las organizaciones criminales y, en consecuencia, el volumen susceptible de ser incautado por las autoridades.En 2024 se detectaron 261.000 hectáreas sembradas con matas de coca en el país. Foto:Raúl Arboleda. AFPEl contraste aparece en las acciones dirigidas contra la base productiva del narcotráfico. Los laboratorios de cocaína destruidos pasaron de 724 a 704 y los de pasta de coca de 11.693 a 11.971. Entretanto, las afectaciones a cultivos descendieron. Las matas de coca afectadas pasaron de 213.636.747 a 42.524.774, las de amapola de 416.510 a 208.652 y los semilleros destruidos de 9.585 a 4.999.Otra de las economías ilícitas que ha modificado la dinámica del conflicto es la minería ilegal. Inteligencia Militar ha identificado que esta actividad representa hoy una de las principales fuentes de financiación para el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste de Antioquia, el sur de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño. La disputa por el control de esos territorios explica parte del incremento de las operaciones y de la presencia militar en esas zonas.Los resultados operacionales muestran un aumento en las afectaciones contra esa economía criminal. El combustible incautado pasó de 1.012.214 a 1.260.862 galones; el oro de 17 a 72 kilogramos; el mercurio de 485 a 957 kilogramos; el coltán de 12.632 a 293.625 kilogramos, y el carbón de 30.000 a 1.054.464 kilogramos.Drones con explosivos utilizados por los grupos armados. Foto:CortesíaTambién crecieron las intervenciones sobre la infraestructura utilizada para la extracción ilícita, con 1.885 dragas, 251 dragones, 912 máquinas amarillas, 1.023 unidades de otra maquinaria, 8.149 motores, bombas y plantas eléctricas, 4.365 socavones, 1.112 bocaminas y 6.004 kilogramos de estaño incautados.Las Fuerzas Militares también mantuvieron operaciones contra el apoderamiento de hidrocarburos, una actividad que continúa siendo una fuente de financiación para estructuras armadas, especialmente en Arauca, Norte de Santander y Putumayo. Durante el actual cuatrienio se recuperaron 24.464.983 galones de petróleo, frente a 19.222.495 del periodo anterior. Al mismo tiempo, las afectaciones a oleoductos descendieron de 146 a 80, las piscinas clandestinas de crudo pasaron de 2.125 a 1.258, las refinerías ilegales de 1.221 a 750 y las válvulas clandestinas de 1.855 a 1.772.El balance también muestra la logística que han conservado las organizaciones armadas. Las Fuerzas Militares incautaron 10.964 armas cortas, 3.442 armas largas, 250 armas de acompañamiento, 50.257 artefactos explosivos, 1.981.470 municiones, 74.153 kilogramos de explosivos, 179.454 metros de explosivos y 77.821 unidades de explosivos. Estos resultados evidencian que, pese a las operaciones ofensivas, las estructuras ilegales mantienen capacidad para abastecerse de armamento y sostener acciones prolongadas en varias regiones del país.Honores militares soldados asesinados en Aguachica. Foto:EjércitoPor su parte, el número total de militares heridos pasó de 1.168 a 1.340. Los heridos en combate aumentaron de 310 a 377, mientras que aparecieron 297 casos por ataques con sistemas aéreos no tripulados, una modalidad inexistente en el periodo anterior.Los heridos por minas antipersonal descendieron de 577 a 407, los ocasionados por hostigamientos de 226 a 217, los producidos por francotiradores de 26 a 20, y los registrados durante labores de inteligencia pasaron de 13 a 6.En cuanto a las bajas, el total de militares asesinados pasó de 289 durante el gobierno Duque a 272 en el actual cuatrienio. Sin embargo, el número de uniformados muertos en combate aumentó de 107 a 129. Las muertes por minas antipersonal descendieron de 96 a 47, las ocasionadas por hostigamientos de 43 a 34, las causadas por francotiradores de 16 a 15 y las registradas durante labores de inteligencia pasaron de 7 a 0.Al mismo tiempo, surgieron nuevas modalidades de ataque que no figuraban en el comparativo anterior, con 23 militares asesinados por acciones con drones y 9 por la modalidad conocida como “pisasuave”, reflejando la adaptación táctica de los grupos armados en medio de un conflicto que, según muestran las cifras, mantiene su intensidad aunque con formas de confrontación diferentes a las de hace cuatro años.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.






