Publicidad14 de julio, 2026 - 09h49La audiencia de vinculación para empresas dentro del denominado caso Blindaje, que tiene al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, como la cabeza más visible por un presunto caso de lavado de activos, fue diferida. Quedó postergada para este jueves, 23 de julio, a las 13:00. Esa fue la resolución de la jueza Silvana Velasco, de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pues dos abogados, defensas técnicas de dos compañías, pidieron más tiempo para conocer el caso.Este martes, 14 de julio, se convocó a la audiencia de vinculación de las empresas King Trading Limited, Reypez Pacific S. A., Rey Solution Wash, Consorcio Torre VL-V1 y Teknhikmec.PublicidadFélix Molina, defensa técnica de Rey Solution Wash, señaló que no ha tenido acceso al expediente físico, por lo que pidió el diferimiento de la audiencia. Adujo que necesita contar con el tiempo adecuado para la preparación de la defensa, además de que formaba parte de la reinstalación de una audiencia de juzgamiento.Lenin Pérez, de Teknhikmec, pidió el diferimiento de la audiencia dado que no ha tenido acceso al expediente, mencionó.PublicidadPublicidadAntes de la instalación de la audiencia, la Fiscalía pidió que se dejara sin efecto la vinculación al Consorcio Torre VL-V1.La Policía detuvo a Villacís la madrugada del pasado 3 de junio. El funcionario fue aprehendido en el allanamiento de un inmueble.Indicó que la intervención se ejecutó como parte de una operación contra actividades ilícitas.Hubo una audiencia de formulación de cargos en contra de Villacís y otras siete personas implicadas en el caso. En la cita se aceptó el pedido de Fiscalía y se dictó prisión preventiva en contra del alcalde Villacís y las otras personas.Esta investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según la Fiscalía. Las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.PublicidadEn la indagación se detallaron actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.Entre los antecedentes mencionados por la Fiscalía constan pagos por más de $ 2,7 millones a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica superior a $ 30 millones.Además, la Fiscalía profundizó en la acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de $ 15 millones por parte de la empresa pública. (I)