La demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos fue presentada con un “propósito indebido”, afirmó el lunes una jueza en una contundente decisión que remitió a uno de sus abogados para una posible acción disciplinaria y calificó la demanda de $10,000 millones como un ejercicio de beneficio propio.La jueza federal de distrito Kathleen Williams acusó a Trump y a sus abogados de haber manipulado el sistema judicial al demandar a una agencia federal bajo su propio control, eludiendo el requisito de que las partes en un litigio deben tener intereses contrapuestos y sentando las bases para un acuerdo que le otorgaba inmunidad frente a auditorías fiscales y creaba un fondo para compensar a aliados del presidente que afirman haber sido perseguidos injustamente.La jueza no llegó a anular expresamente el acuerdo que protegía a Trump del escrutinio fiscal, pero sostuvo que el gobierno no puede afirmar que dicho acuerdo fuera el resultado de un proceso legal legítimo. 1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri“Nunca se planteó ante este tribunal la cuestión de si funcionarios del Poder Ejecutivo pueden acordar en privado concederse a sí mismos y a sus antiguos clientes inmunidad general y miles de millones de dólares de los contribuyentes para reparar agravios que no están definidos por la ley”, dijo Williams, designada por el presidente Barack Obama. “La cuestión es si las partes podían hacerlo alegando ser adversarias y recurriendo a la legitimidad de un proceso judicial. La respuesta es un rotundo ‘no’.”El fallo llega justo antes de una audiencia clave de confirmaciónAunque las consecuencias prácticas del fallo podrían ser limitadas, ya que la demanda fue retirada hace meses y la administración ya había abandonado el “Fondo contra la Instrumentalización” (“Anti-Weaponization Fund”) de $1,776 millones que surgió de ese acuerdo, la orden constituye una severa reprimenda y abre una línea de cuestionamientos políticamente incómoda para el fiscal general interino Todd Blanche, quien comparecerá el miércoles ante el Comité Judicial del Senado para su audiencia de confirmación.“La propia naturaleza de la demanda y la conducta de las partes y de sus abogados desde su presentación dejan claro que se trató de un intento de utilizar al tribunal para conferir cierta legitimidad a un acuerdo destinado a otorgar inmunidad a personas y entidades vinculadas al presidente, así como a reservar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para reparar agravios que no están contemplados por la ley”, escribió Williams en su fallo.Y añadió: “El presidente puede ser, en la práctica, el ‘dominus litis’ del Poder Ejecutivo, pero como parte en un proceso civil, tanto él como todas las partes y abogados que comparecen ante un tribunal están sujetos a las reglas. Garantizar que nuestros tribunales se utilicen únicamente para los fines expresamente previstos por la Constitución es una obligación de todos los jueces y una obligación que este tribunal debe cumplir a la luz del asunto que tiene ante sí”.La demanda presentada en enero contra el IRS y el Departamento del Tesoro acusaba a ambas agencias federales de no haber impedido la filtración de la información fiscal del presidente a diversos medios de comunicación entre 2018 y 2020.Sin embargo, en mayo la administración anunció que había llegado a un acuerdo para resolver el caso y crear un fondo destinado a indemnizar a personas que consideran haber sido tratadas injustamente por el sistema de justicia penal. Ese fondo fue archivado rápidamente tras recibir críticas de ambos partidos, aunque la administración Trump ha dicho que pretende seguir adelante con otro componente del acuerdo que otorgaría a Trump y a miembros de su familia protección frente a auditorías fiscales.Desde el principio, la jueza se mostró escéptica respecto de la demanda y designó a un grupo de abogados para determinar si existía un conflicto de intereses, dado que, como presidente en funciones, Trump estaba demandando a “entidades cuyas decisiones están sujetas a su dirección”.Incluso después de conocerse el acuerdo, ordenó a los abogados de Trump exponer sus posiciones sobre si las partes en el caso eran realmente adversarias, si el acuerdo se basaba en fraude y si el caso debía reabrirse.En su fallo dejó claro que las respuestas de los abogados no la convencieron.“Tras revisar el expediente y las declaraciones de las partes, el tribunal se niega a aceptar el ingenuo ejercicio de desvincular el cargo actual del presidente Trump de una comprensión de lo que ocurrió en este caso”, escribió.Fallo también plantea la posibilidad de sanciones disciplinariasLa jueza remitió al abogado de Trump, Alejandro Brito, quien presentó la demanda, para una posible acción disciplinaria ante el Colegio de Abogados de Florida y señaló que a otro abogado, Daniel Epstein, no se le concederá autorización para presentar escritos ante el Distrito Sur de Florida durante un período de hasta un año.Un portavoz del equipo legal de Trump respondió a una solicitud de comentarios en nombre de Brito con un comunicado en el que responsabilizó al IRS de haber permitido la filtración de las declaraciones de impuestos del presidente.La jueza también ordenó que su fallo fuera remitido a los colegios de abogados del estado de Nueva York y del Distrito de Columbia, donde se han presentado denuncias éticas contra Blanche y el fiscal general adjunto Stanley Woodward.Williams señaló el testimonio que Blanche ofreció ante el Congreso a principios de junio, en el que reveló que el “Fondo contra la Instrumentalización” (“Anti-Weaponization Fund”) ya no seguiría adelante. Aunque no se había presentado ningún documento ante el tribunal, Blanche se mostró seguro al declarar que “podía hablar en nombre de ambas partes y obligarlas jurídicamente”, indicó Williams.“La aparente capacidad del fiscal general interino Blanche para hablar tanto por los demandantes como por los demandados, firmar un documento de ‘acuerdo’ en nombre de todas las partes de esta acción y luego repudiar parte de ese acuerdo demuestra que durante todo este caso solo hubo una parte cuyos intereses estuvieron representados”, escribió la jueza.La jueza también expresó preocupaciones éticas sobre la participación de Blanche y Woodward en la negociación del acuerdo, dado el historial de Blanche como abogado de Trump, así como la defensa previa de Woodward de acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero y de un coacusado de Trump en el caso de los documentos clasificados.“En lugar de recusarse debido a sus representaciones anteriores o de defender enérgicamente esta demanda, como exigen las políticas y procedimientos del Departamento de Justicia, estos abogados aceptaron un ‘acuerdo’ que implicaba una cantidad extraordinaria de dinero y que potencialmente beneficiaba a antiguos clientes”, afirmó.Blanche negó en una entrevista con CNN la primavera pasada haber elaborado los términos del acuerdo y dijo: “El presidente tiene abogados externos, y son ellos, junto con el Departamento de Justicia, quienes lo representan, no yo”.___Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.