A más tardar el martes de la próxima semana, el Congreso podría estar en condiciones de despachar a ley el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.A partir de ese momento (incluso podría ser el miércoles 15 de julio si el Senado acuerda apurar el tranco), en que se envíe el oficio al Ejecutivo informando de la total tramitación, comienza a correr un plazo draconiano que contempla la Constitución para realizar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional (TC).Según la Carta Fundamental, un 39 diputados o 13 senadores pueden alegar vicios de constitucionalidad de una iniciativa, siempre y cuando, la presentación se haga antes de la promulgación de la ley.Además, en ninguna circunstancia, se acogerá el requerimiento al TC ingresado “después del quinto día del despacho del proyecto”, en la eventualidad de que el Presidente Kast demore su promulgación (no sería el caso, pues la intención del gobierno es transformar la megarreforma en ley lo más pronto posible). Por lo tanto, si La Moneda acelera la promulgación le pondría una presión adicional a las directivas de los partidos opositores, que ya resolvieron avanzar con la impugnación constitucional. La ofensiva quedó en manos del abogado constitucionalista Tomás Jordán (ligado a la DC), que también están trabajando en coordinación con otros juristas como Gabriel Osorio (PS) y el exministro Jaime Gajardo (PC), entre otros.El problema es que, si se demoran en reunir las firmas de legisladores; en redactar los fundamentos del texto (que en el caso de presentaciones al TC revisten de una complejidad mayor) o simplemente se retrasan por falta de acuerdo, ello podría traducirse en un fracaso, con ribetes de bochorno, de la presentación.Fuera de juegoEn el pasado ha habido casos, en que La Moneda ha jugado con habilidad este resquicio constitucional para derribar de entrada arremetidas opositoras ante el TC.En enero de 2020, por ejemplo, durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Tribunal Constitucional le dio una muerte súbita a un escrito de los diputados del Frente Amplio en contra de la llamada antisaqueos y antibarricadas. “Se declara inadmisible de manera unánime el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por un grupo de honorables diputados de la República”, entre los que figuraba Gabriel Boric.La razón se debía a que la presentación fue ingresada a las 18:33 del martes 21 de enero de 2020, pero ese mismo día, a las 12:35, el gobierno de Piñera ya había ingresado el decreto promulgatorio en Contraloría, lo que dejó fuera de plazo -solo por unas horas- el recurso opositor.Aparentemente, Boric aprendió la lección. De hecho, cuando fue Presidente de la República usó ese mismo resquicio para dejar fuera de juego acciones de diputados oficialistasEn abril de 2023, el Presidente Boric, promulgó Ley Nain-Retamal, que establecía un estatuto de protección jurídica a policías, a pesar de las disidencias en sus propias filas, de parte de legisladores frenteamplistas y comunistas, que estaban elaborando un requerimiento ante el TC. Con el acto del Mandatario, esa ofensiva murió.En octubre de 2022, había ocurrido algo similar, pero con un tratado internacional. En aquella oportunidad, de forma unánime, el Tribunal Constitucional resolvió no admitir a trámite el requerimiento que buscaba “invalidar” el proceso de tramitación que tuvo en el Congreso el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP11), presentado por un grupo de diputados de izquierda.El pleno de ministras y ministros adoptó la decisión por la condición de “extemporáneo” del requerimiento.La presentación, coordinada por el senador independiente, Karim Bianchi, pero que contaba con firmas de diputados del Frente Amplio, del PC, del Partido Radical y el PPD, fue ingresada el 19 de octubre.El problema es que, en el caso de los tratados internacionales, el plazo es incluso más estrecho, pues los cinco días corren desde que se informa la completa tramitación por parte del Congreso, lo que -en el caso del TPP11- ocurrió el 12 de octubre de 2022.Los requirentes, además, cometieron el error de contar solo los días hábiles, sin embargo, en el caso de los plazos constitucionales se aplican los días corridos (lunes a domingos, e incluso feriados).